En la Argentina viven 1,4 millones de inmigrantes

Las fotos del niño sirio ahogado en las costas de Turquía ilustran el drama de millones de personas que apelan al éxodo ante la violencia, el fanatismo y la pobreza extrema prevalecientes en sus países de origen. Es una tragedia de muy difícil solución. Si bien en la Argentina las dimensiones y características de las migraciones son diferentes, de todas formas plantean desafíos que deberían ser contemplados en el diseño de las políticas públicas.      

La humanidad fue estremecida por las fotos del cadáver del niño sirio muerto en un naufragio que sufrió junto al resto de su familia cuando intentaban ingresar ilegalmente a Europa. Se trata de un testimonio muy lamentable que resume el drama de millones de personas que apelan al éxodo antes de seguir soportando las penurias a las que son sometidas en sus países de origen.

El tema más debatido en Europa es la forma de administrar la presión que impone el masivo e incontenible fenómeno migratorio proveniente de África, Medio Oriente y países europeos no pertenecientes a la órbita del Euro. El origen es la miseria, la violencia y el fanatismo que inducen a migrar, aun poniendo en riesgo la vida. En el medio, operan mafias que de manera inescrupulosa ofrecen servicios de traslado. La extrema vulnerabilidad de estas personas permite montar un negocio ilegal de magnitudes y consecuencias no muy diferentes al tráfico de drogas y de armas.

¿Las migraciones son un fenómeno relevante sólo para Europa o también afecta a países como la Argentina? Datos extraídos de la Encuesta Nacional de Hogares Urbanos del INDEC, correspondientes al 3° trimestre del 2014, permiten aproximar una respuesta:

• En la Argentina viven 1,4 millones de personas que nacieron en otros países, representando aproximadamente el 3,5% de la población total.

• El 70% de los migrantes proviene de países limítrofes.

• El 30% restante de países no limítrofes.

Estos datos muestran que  en la Argentina el fenómeno migratorio no es irrelevante, aunque esté lejos de tener las dimensiones y las características que se observan en Europa. Las personas nacidas en otros países representan un universo equivalente a la población de una provincia de tamaño medio, como por ejemplo Entre Ríos, Salta o Tucumán. Tienen además la particularidad de concentrarse en las provincias patagónicas y en la Ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, está siempre latente la posibilidad de perturbaciones políticas y económicas en la región que intensifiquen los flujos migratorios.

La inmigración puede convertirse en una oportunidad de progreso para los extranjeros y para el país receptor. Para que ello ocurra, es fundamental que sea en el marco de una estrategia que contemple su adecuada inserción social y productiva. Cuando son fenómenos espontáneos que fluyen en la ilegalidad, se potencian los riesgos para los migrantes y se generan problemas complejos para los países receptores.

La Argentina es permeable a diferentes tipos de fraudes por deficiencia del sector público. Es frecuente, sobre todo en las zonas limítrofes, el uso gratuito de servicios públicos como salud, educación y programas asistenciales por parte de extranjeros, sin que medie siquiera un reclamo a los países responsables de darles cobertura a estas personas. Otra dimensión del problema se manifiesta en las denuncias por utilización de extranjeros para desarrollar prácticas fraudulentas en actos eleccionarios. Más grave aún son los casos de migrantes que pueden ingresar al país para desarrollar actividades delictivas que van desde la trata de mujeres al narcotráfico.

El punto central, muy descuidado en la Argentina, es el funcionamiento de los registros civiles. El marco legal, las capacidades administrativas y tecnológicas de los registros civiles son vetustos, vulnerables e ineficaces para determinar con celeridad y seguridad la identidad y nacionalidad de las personas. Sin técnicas modernas de gestión se complica enormemente el diseño y la ejecución de la mayoría de las políticas públicas que permiten el ordenamiento de los flujos migratorios en los controles fronterizos, el acceso a los servicios sociales, como los hospitales públicos, el sistema educativo y los planes asistenciales, y la participación en los actos eleccionarios.