Informe Nº: 93012/09/2021
El creciente rechazo de la gente a aceptar más emisión monetaria obliga a aumentar el financiamiento del déficit fiscal con más deuda pública. Esto genera una tendencia insostenible que aumenta la urgencia de abordar un ordenamiento integral del sector público. Tema que sigue sin aparecer en la agenda política.
La campaña electoral fue extremadamente anodina. La centralidad la tuvieron las acusaciones cruzadas, no sólo entre el oficialismo y la oposición sino también en la interna dentro de los partidos. Prevaleció la verborragia sobre temas superfluos, las inconsistencias, los traspiés verbales y el ridículo. Pareciera que el pesimismo, la desazón y la resignación que prevalece en gran parte de la sociedad, en lugar de promover en el sistema político la búsqueda de soluciones, incentivan la mediocridad.
La campaña sugiere que en la evaluación política no resulta redituable abordar los temas centrales y urgentes. Particularmente relevante en este sentido es la mala organización y el mal funcionamiento del sector público. Esto explicaría la prevalencia de una actitud conservadora que tiende a eludir planteos para transformar el Estado e innovar en la gestión pública. Subyace la idea de que la profunda crisis productiva y social se superará solo por la presencia de algún liderazgo político providencial.
Esta dinámica política se da en el contexto de una creciente tensión en las finanzas públicas nacionales. Según datos del Ministerio de Economía, entre enero y julio del 2021, todas las amortizaciones de capital de deuda pública se cubrieron con nueva deuda. Adicionalmente, hubo que financiar el déficit fiscal lo cual se hizo de la siguiente manera:
Estos datos muestran las crecientes dificultades para financiar el déficit fiscal. Poco menos de la mitad del déficit se cubrió con emisión que no fue aceptada por la población, obligando al Banco central a rescatar ese dinero a través de Leliqs. El stock de esta deuda llegó a $4 billones con una carga de intereses de $800 mil millones en lo que va del 2021. La gente no solo manifestó apatía y rechazo en la campaña electoral, sino que también rechaza la emisión monetaria necesaria para cubrir el desequilibrio fiscal.
Entre las múltiples acusaciones cruzadas de la campaña electoral hubo una referida a quién endeudó más al país. En el planteo se tiende a eludir la cuestión sustancial, que es, la deuda pública es la parte del déficit fiscal que no pudo ser financiada con emisión monetaria aceptada por la población. En la medida que la gente pone límites a su propensión a conservar pesos aumenta la deuda pública. Esto exacerba los desequilibrios porque incrementa los intereses que hay que pagar por esa deuda. En este contexto, un acuerdo con el FMI reprogramando la deuda con este organismo es apenas una condición necesaria. Pero no es suficiente para empezar a salir de la crisis económica.
La condición suficiente –de la que no se habló en la campaña electoral– es el ordenamiento integral del sector público. No solo se tratar de terminar con el crónico desequilibrio fiscal, que induce a la emisión y al endeudamiento por encima de límites tolerables, sino que también hay que mejorar sustancialmente la gestión pública. Los desafíos son enormes porque requieren mucha innovación y liderazgo para eliminar superposiciones de impuestos y gastos entre los tres niveles de gobierno. A nivel nacional, hay que desmantelar estructuras que se superponen con funciones provinciales y municipales. El Estado nacional debe concentrarse en medir y hacer transparentes los resultados de las provincias y los municipios en la provisión de bienes públicos. En simultaneo eliminar la coparticipación y, en su lugar, distribuir las competencias tributarias entre las jurisdicciones, para que cada nivel de gobierno se financie con sus propios impuestos. Para las zonas más rezagadas del norte del país, crear un Fondo de Convergencia para incentivar su desarrollo.
En la campaña electoral se volvió a insistir que el problema central es la “grieta”. Este pensamiento es equivocado. El principal problema es el “consenso” de gran parte del espectro político y de amplios sectores de la sociedad de que no hace falta una transformación integral de la organización y el gerenciamiento del Estado.
