Informe Nº: 80017/03/2019
Las pruebas APRENDER 2017 muestran que las escuelas del Estado tienen peores resultados que las privadas. Esto implica que los pobres acceden a una educación de peor calidad. Mejorando la gestión de las escuelas estatales y las formas de financiamiento de la educación se podría evitar esta grave inequidad social. Las organizaciones gremiales, acompañadas por […]
Las organizaciones gremiales, acompañadas por líderes políticos y centros de investigación social, bregan incesantemente por aumentar la inversión en educación. En un contexto recesivo y de crisis fiscal la propuesta es muy difícil de instrumentar. Pero su punto más débil es que pasa por alto que la inversión en educación creció considerablemente en la última década. Actualmente se ubica entre el 5% y 6% del PBI, nivel asimilable en términos relativos a los países avanzados. En paralelo, estos planteos centrados en presionar por más fondos públicos eluden sistemáticamente el análisis de la forma en que se financia y se administra el sistema educativo y, consecuentemente, sus resultados.
Según las estadísticas del Ministerio de Educación nacional, de cada 100 jóvenes que empiezan la secundaria, sólo 40 la terminan en tiempo y forma. Otros 10 la terminan con retraso. Que la mitad de los jóvenes no termine la secundaria es un resultado muy frustrante en términos de retención escolar.
Por el lado de la calidad, recientemente se difundieron los datos de las pruebas APRENDER 2017 que permiten medir los conocimientos adquiridos por la mitad de los jóvenes que logra terminar la secundaria. Según esta fuente, se observa que:
Estos datos muestran que la calidad de la educación básica es en general baja y con profundas diferencias según el tipo de escuela. En las de gestión estatal la mitad de los egresados de secundaria tiene limitaciones de lectura y 8 de cada 10 no domina la matemática. En las de gestión privada se observa un desempeño razonable en lengua y mejor en matemática, aunque no se salvan de la mediocridad. Estas diferencias tienen muy negativas consecuencias sociales ya que el 90% de los jóvenes vulnerables van a las escuelas del Estado. En otras palabras, la visible brecha de desempeño entre las escuelas del Estado y privadas reproduce y profundiza las brechas sociales.
Parte de la diferencia en los resultados se explica porque las escuelas privadas tienden a especializarse en niños y jóvenes de niveles socioeconómicos medios y altos que se desenvuelven en contextos menos adversos que los niños pobres. Pero otro factor muy relevante son las diferentes reglas de gestión. Mientras que un director de escuela privada puede contratar, despedir, evaluar y premiar a sus docentes, además de contar con mejor infraestructura y material educativo, los directores de las escuelas estatales están sometidos a rígidas y burocráticas reglas de gestión pública que inducen y premian la mediocridad.
Las escuelas del Estado no van a mejorar con más recursos sino cambiando las reglas de gestión y las formas de financiamiento educativo. En la gestión, es muy importante que los directores se profesionalicen y tengan la posibilidad de manejar los recursos humanos y físicos para poder hacerse responsables de sus resultados. En la forma de financiamiento, complementario con lo anterior, hay que dar libertad a las familias de bajos recursos a optar por una escuela privada con financiamiento estatal. Esto se podría instrumentar con bonos (voucher) otorgados a las familias más humildes para que elijan una escuela privada y el Estado le abone a la escuela privada elegida la matrícula contra entrega del bono. Este esquema se usa en países con diferentes culturas, como Suecia y Chile, con resultados educativos mucho mejores que los que Argentina viene mostrando.
El Ministerio de Educación nacional puede ayudar a la calidad educativa. Manteniendo las evaluaciones –por ejemplo las pruebas APRENDER– y con asistencia técnica. Pero lo que definitivamente va en contra de la calidad educativa son los programas nacionales que se entrometen en funciones locales, como los destinados a construcción y refacción de escuelas y provisión de equipamiento escolar con fondos nacionales, porque inducen a la ineficiencia, la desidia y la dilución de responsabilidades a nivel local.
