Informe Nº: 74818/03/2018
La persistencia de la alta inflación responde a las demoras en el ordenamiento de las cuentas públicas. El factor más desestabilizador es el crecimiento del gasto previsional. Si bien la nueva regla de movilidad contribuye a la moderación, para reducir la inflación es imprescindible una reforma previsional integral. La tasa de inflación de febrero […]
La tasa de inflación de febrero fue de 2,4% mensual. Esto implica que los precios no sólo siguen subiendo, sino que lo hacen de manera creciente. Durante la primera mitad del año 2017 la tasa de inflación venía en descenso, llegando en julio al 21,4% anual. Pero en el segundo semestre cambia la tendencia alcanzando en diciembre del 2017 al 24,8% y llega en febrero al 25,4% anual.
El gobierno y gran parte de la sociedad coinciden en que bajar la inflación es una de las principales prioridades. Para bajar la inflación no alcanza con fijar una meta y esperar que el Banco Central la cumpla subiendo la tasa de interés o controlando el dólar. Estos son instrumentos de impacto limitado y su uso exagerado daña la producción. Por eso es tan urgente como ineludible avanzar con mayor énfasis en el ordenamiento de las cuentas públicas.
Según la Secretaría de Hacienda a febrero del 2018 el déficit primario anual –es decir, medido en término de los últimos 12 meses– creció en casi $50 mil millones. Esto se explica por la siguiente dinámica del gasto público:
Estos datos muestran con contundencia que el sistema previsional es el principal motor de aumento del déficit fiscal. El gasto previsional crece a una tasa 4 veces superior al aumento del resto de las erogaciones. Si bien es cierto que a partir de marzo de este año empezó a operar la nueva regla de movilidad, que llevará a que los haberes se ajusten más en consonancia con la inflación, no se debe perder de vista que el gasto previsional se expande no sólo por aumentos de haberes sino también porque los nuevos jubilados superan a los beneficiarios que fallecen. En otras palabras, aun con la nueva fórmula de movilidad el sistema previsional es un factor de desestabilización de las cuentas públicas debido a que la cantidad de beneficiarios crece con el tiempo.
Con este marco de fondo debería quedar claro que el principal desafío que enfrenta la política económica no es definir hasta dónde sube la tasa de interés, cómo intervenir sobre el dólar, ni en cuánto y cómo endeudarse. El gran reto es abordar la reforma previsional. El no haber incluido este tema cuando se debatió la ley de reparación histórica fue una gran pérdida de oportunidad. Se dispuso invertir una enorme masa de recursos para levantar la hipoteca previsional que había dejado la irresponsable decisión de negar movilidad a una gran cantidad de jubilados entre los años 2002 y 2008, pero respecto a la crítica situación presente y al sombrío futuro del sistema se dispuso sólo la creación de una comisión.
Luego de casi dos años de fijada esa encomienda, se anunció la creación en el ámbito del Ministerio de Trabajo de una unidad ejecutora especial transitoria con el objetivo de abordar el “ordenamiento para la sustentabilidad y la suficiencia del sistema de seguridad social”. Entre varias de sus funciones se destaca hacer un diagnóstico de los parámetros del sistema previsional, proponer una reforma de los regímenes de jubilaciones especiales y diferenciales y revisar el financiamiento de las prestaciones contributivas y graciables.
Hay que abordar con urgencia los problemas previsionales, caso contrario, seguirán creciendo los intereses de deuda pública. A febrero del 2018, el pago anual de intereses casi se duplicó, pasando desde $136 a $250 mil millones. Esto demuestra que dilatar la reforma bajo el argumento de defender la protección de los ancianos es oportunista ya que la situación es insostenible y poco equitativa, no solo con los adultos mayores sino también con el resto de la población, especialmente los niños y los jóvenes.
