Gasto Público 62% por encima del nivel histórico

Uno de los rasgos más notables que caracterizó la campaña electoral fue la estrategia aplicada por los candidatos de eludir definiciones en temas importantes. El más notable son las escasas y superficiales referencias al inédito crecimiento en el gasto público y su mala administración. La experiencia reciente de Brasil alerta sobre los costos que generan candidatos que llegan al poder sin haber hecho explícitas con anticipación sus estrategias de gobierno.

Las PASO son el inicio de un largo proceso electoral que permitirá definir quién se hará cargo del gobierno nacional a partir del próximo 10 de diciembre. Lo que más sobresalió de esta primera etapa fue la escasa referencia que hicieron los candidatos a los contendidos de sus planes de gobierno. Bajo reglas de juego que no obligan a explicitar planes ni debatir propuestas, los candidatos son tentados a no fijar posición sobre temas que pueden generar rechazo en parte del electorado.

Esta manera de capturar el poder potencia las dificultades cuando toca asumir el gobierno. El ejemplo más actual es Brasil. El gobierno de Rousseff tambalea, en gran parte, porque durante la campaña electoral minimizó los problemas y no adelantó la política económica que comenzó a aplicar inmediatamente después de definida la elección.  

Entre los principales temas que deberá abordar el próximo gobierno se destaca la situación de las finanzas públicas. La información que publica regularmente el Ministerio de Economía permite dimensionar los desafíos. En este sentido, se puede observar que:

• Entre los años 1961 y 2008 el gasto público nacional osciló en alrededor del 20% del Producto Bruto Interno (PBI).

• Los desvíos más importantes se dieron en los años 1974 con el 23%, 1981 con el 25% y 2001 cuando el gasto público nacional fue equivalente al 24% del PBI.

• A partir del año 2009 se acelera el crecimiento de las erogaciones que llegó al 33% del PBI en el 2014.

Los datos oficiales muestran que el gasto público nacional se mantuvo históricamente en el orden de un quinto del producto. En los momentos de mayores erogaciones, como los años 1974, 1981 y 2001, llegó a un cuarto del PBI. Esto muestra la atipicidad del proceso que se inicia en el año 2009 que llevó el gasto público a un tercio del PBI. En sólo 6 años, las erogaciones públicas en proporción del PBI crecieron un 62% por encima de su nivel histórico.

Lo más paradójico es que junto con este exponencial aumento del gasto público se multiplican las manifestaciones de un Estado ausente. Denuncias periodísticas sobre conexiones de funcionarios con el narcotráfico, poblaciones desplazadas por inundaciones, un artista que es linchado ante la inacción policial, familias que pujan por conseguir una vacante en escuelas privadas para el año próximo, son sólo algunos ejemplos de actualidad que denotan el severo déficit cualitativo que adolece el sector público.

Esto plantea desafíos muy complejos. Por un lado, porque este nivel de gasto público no se financia genuinamente. Prueba de ello es que, aun con presión impositiva récord, los recursos fiscales son insuficientes. Por ello, se apela masivamente al financiamiento del déficit fiscal con emisión monetaria generando tasas de inflación del 30% anual. Por otro lado, porque junto con la expansión del gasto se ha degradado la calidad de las intervenciones públicas. Gran parte del aumento de las erogaciones se destina a subsidios económicos distribuidos con mecanismos muy rudimentarios en beneficio de familias de altos ingresos, se discrimina al interior del país, se fomenta la corrupción y se desalientan las inversiones en sectores claves como energía y transporte. Otro componente importante son los subsidios asistenciales que por defectos de diseño y mala administración promueven la inactividad laboral, la dependencia, la desmotivación y el clientelismo.

Sería muy recomendable que en la continuidad del proceso electoral se busquen mecanismos para que los candidatos aborden los temas importantes y no eludan explicitar propuestas concretas. Esto no sólo enriquecerá el sistema democrático sino que reducirá los riesgos de caer en situaciones institucionalmente muy traumáticas y socialmente muy costosas como las que actualmente está atravesando Brasil.