Informe Nº: 67416/10/2016
La administración centralizada de la política laboral toma como referencia a las grandes empresas y es poco sensible con las limitaciones de las empresas más pequeñas y menos productivas. La respuesta a esta discriminación es la alta informalidad, que llega a ser masiva en las regiones más postergadas. Se deben repensar las instituciones laborales incorporando […]
La administración centralizada de la política laboral toma como referencia a las grandes empresas y es poco sensible con las limitaciones de las empresas más pequeñas y menos productivas. La respuesta a esta discriminación es la alta informalidad, que llega a ser masiva en las regiones más postergadas. Se deben repensar las instituciones laborales incorporando criterios más descentralizados que incluyan la necesidad de la mayoría y no sólo la de la elite más productiva.
El gobierno nacional anunció un bono de $1.000 para los jubilados con el haber mínimo y los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Además, para apaciguar las amenazas de huelga de las centrales gremiales, se eximió del impuesto a las ganancias al medio aguinaldo. Procurando atenuar la regresividad de la medida (por eximir de impuesto a los trabajadores de mayores salarios), se estipuló un límite a la exención en $55 mil de salario.
Los sindicatos insisten con la demanda de que se imponga a los empleadores de todo el país el pago de un bono de fin de año. Una primera limitación es que este bono alcanzará sólo a la mitad de los ocupados, que son los asalariados formales. Una segunda consideración es que implica aplicar igual regla a situaciones muy diferentes.
Para observar las diferencias en el aparato productivo se puede apelar a datos de la AFIP proyectados al año 2016. Con esta fuente se estima que las empresas del sector privado generan unos 6,5 millones de empleos asalariados registrados a un salario promedio de $20 mil mensuales. Desagregando por tamaño de empresa aparece que:
Estos datos muestran que más de la mitad del empleo asalariado privado formal es generado por empresas con menos de 100 empleados. En contrapartida, apenas 1 de cada 4 asalariados privados registrados está en una empresa grande. Considerar esta composición del empleo es relevante porque las capacidades productivas son muy diferentes. En este sentido resulta muy sugerente que el salario promedio de las grandes empresas duplique la media de remuneraciones en las empresas más pequeñas.
Fijar reglas de manera centralizada lleva a ignorar estas profundas brechas de productividad. Representantes empresariales, sindicales y funcionarios nacionales toman decisiones basados en la realidad de las grandes empresas, lo que fatalmente implica discriminar a las PYME. A modo ilustrativo, un bono de $3.000, monto que estarían demandando los sindicatos, representa un 10% de aumento de costo laboral para una empresa grande, pero llega al 14% entre las medianas y al 20% para las pequeñas. En la perspectiva regional, en las provincias del norte argentino el aumento de costo laboral sería superior al 20%, al estar conformadas masivamente por micro y pequeñas empresas.
Eximir del impuesto a las ganancias e imponer aumentos centralizados de salarios es regresivo. Primero, porque alcanzan sólo a los asalariados formales excluyendo a los empleados informales y a los cuentapropistas (que son la mitad de los ocupados y perciben ingresos más bajos). Segundo, porque perjudica a las PYME al imponerles aumentos de costo laboral que duplican al de las grandes empresas. Tercero, porque las exenciones del impuesto a las ganancias benefician mayoritariamente a los trabajadores de las empresas más grandes. Así, los más beneficiados son las grandes empresas, porque sufren menos aumento de costo laboral que las PYME, y sus trabajadores, porque complementan el bono con menos pago del impuesto a las ganancias.
Es de alta hipocresía declarar la defensa de las PYME y el compromiso con los pobres e insistir con políticas laborales centralizadas y renegar del impuesto a las ganancias. Los aumentos coercitivos y centralizados de salarios pueden ser instrumentos apropiados en países donde prevalecen las grandes empresas, como en EEUU, Europa o Asia. Pero en mercados laborales tan segmentados, como el argentino, donde la mitad trabaja en la informalidad y de los formales sólo un cuarto se desempeña en grandes empresas, la centralización genera desigualdad y exclusión.
