Grupo Clarín controla el 60% de la televisión por cable

La permisividad para que un solo grupo económico lograra una exagerada concentración de medios de comunicación y las posteriores intervenciones intempestivas fundadas en corregir esta distorsión, demuestran la ausencia de un Estado moderno y eficaz. Los costos de esta degradación institucional son enormes. Por eso, un acuerdo político amplio debería apuntar a reconstruir el Estado poniendo énfasis en marcos regulatorios técnicamente bien diseñados y entes de control independientes y dotados de recursos humanos profesionales.   

En la última actualización del informe Doing Business del Banco Mundial la Argentina aparece en el puesto 126°, cerca de países como Etiopia, Egipto, Kenia y Bangladesh, y cada vez más lejos de los países latinoamericanos que vienen mostrando en los últimos años mayores progresos en sus indicadores económicos y sociales, como es el caso de Chile (34°), Perú (42°), Colombia (43°) y Uruguay (88°).  Otro ranking, el del World Economic Forum, coloca a Argentina en el puesto 94° entre 144 países. Dentro de esta medición, en aspectos como “independencia de la justicia” la Argentina se ubica en el puesto 133° y en “favoritismo en las decisiones de los funcionarios públicos” aparece 143° entre 144 países.

Estos rankings muestran aproximaciones sobre cuestiones que son muy difíciles de medir con rigurosa objetividad. Pero más allá de las subjetividades y ambigüedades, cuando de manera sistemática ubican a un país en posiciones muy rezagadas, como ocurre con la Argentina, es indudable que señalan una costosa degradación institucional.

Un testimonio muy ilustrativo es lo que viene sucediendo con la Ley de Medios. Según información extraída del Reporte Anual 2012 del Grupo Clarín y del INDEC se observa que este grupo económico comprende:

· 27 empresas de medios de comunicación de las cuales en 20 tiene mayoría de acciones.

· Cuenta con 1,5 millones de abonados a Internet representando el 14% del total del mercado.

· Cuenta con 3,3 millones de abonados a televisión por cable representando el 60% del total del mercado.

Los datos confirman que el tamaño de este grupo es enorme y, asociado a ello, se concentra una considerable capacidad de influencia mediática. Esto deriva en riesgos para la libertad de expresión y el buen funcionamiento de las instituciones democráticas. Pero no debería pasarse por alto que semejante proceso de concentración fue posible gracias a la ausencia de marcos regulatorios y entes de control apropiados. De haber contado en su momento, como ocurre en otros países, con un sector público más profesional y eficiente se abrían activados los mecanismos institucionales pertinentes para prevenir estas situaciones que ponen en riesgo la competencia y la pluralidad.

La misma ausencia de reglas racionales y transparentes que en algún momento benefició al Grupo Clarín es la que ahora amenaza sus derechos de propiedad. Así como en el año 2005 el funcionario político de turno extendió, por una decisión discrecional, las licencias del Grupo Clarín, ahora, en una decisión igual de discrecional, el funcionario de turno adopta medidas intempestivas tendientes a ocasionarle un perjuicio económico. Se trata de un ejemplo puntual, pero muy ilustrativo de la muy baja calidad institucional que prevalece en la Argentina y que los rankings internacionales tratan de alertar.

Forzar con prepotencia la desconcentración en el mercado de medios es presentado en el discurso oficial como una mayor “presencia del Estado”. Se trata del mismo error que con frecuencia se incurre cuando se pretende dar una connotación positiva el haber llevado el gasto público y la presión impositiva a niveles récords con total carencia de sentido estratégico en el uso de los fondos públicos. También cuando se usan los medios de comunicación pública para propaganda del oficialismo y defenestración de los opositores, o se distribuye el presupuesto de publicidad oficial con visible arbitrariedad. En el mismo sentido operan regulaciones irracionales e incumplibles y la permisividad para que militantes atropellen empresas ante cámaras televisivas. Más que la presencia, este tipo de acciones denotan la ausencia del Estado por eso cercenan las posibilidades de progreso social y atentan contra el sistema democrático.

La degradación que explicita la ley de medios es apenas un testimonio más de un proceso generalizado. También esta presente, por ejemplo, en los sistemas de transporte público, previsional, energético y la Justicia; y en las estatizaciones como las de Aguas Argentinas, Aerolíneas Argentinas e YPF. De aquí que es muy importante que los partidos políticos logren un amplio acuerdo para terminar con estas prácticas decadentes, y den pie, dentro de una estrategia de largo plazo que trascienda la alternancia en el poder que imponen las reglas democráticas, a una profunda y genuina reconstrucción del Estado.