Informe Nº: 105504/02/2024
El gobierno busca que los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) se transfieran al Tesoro. Antes de su transferencia, hay que usarlo para cancelar la deuda que la ANSES tiene –desde hace larga data– con los jubilados nacionales por juicios con sentencia firme y con las cajas provinciales no transferidas a la ANSES.
En los orígenes del sistema previsional, las provincias crearon cajas de jubilaciones para sus empleados públicos. Por defectos en sus reglas de organización rápidamente entraron en déficit. Es decir, los aportes y contribuciones de los empleados públicos en actividad no alcanzan para financiar las jubilaciones de los empleados públicos jubilados. El resultado fue que las cajas previsionales provinciales pasaron a ser uno de los factores más desestabilizantes de las finanzas públicas provinciales.
En la década del ’90, en el marco de un saneamiento integral de las cuentas públicas, se instrumentó un proceso de transferencia de las cajas provinciales a la ANSES. Adhirieron 10 provincias: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago y Tucumán. CABA está en igual situación porque nunca tuvo un régimen previsional propio. Pero el resto de las provincias optaron por mantener las cajas de sus empleados. Incluye a Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, La Pampa, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
La transferencia de las cajas tiene impactos en las finanzas públicas. Una manera de dimensionarlos es con el déficit que las cajas provinciales transferidas le generan a la ANSES. Según datos del Ministerio de Economía referida al 2023 se observa que:
Estos datos muestran que por cada 3 pesos que la ANSES eroga para pagar jubilaciones de ex – empleados públicos de provincias con cajas transferidas, recibe apenas 1 peso por aportes y contribuciones. En este desbalance subyace una gran inequidad: los ciudadanos de las 13 provincias que no transfirieron sus cajas pagan impuestos para financiar el déficit de las cajas transferidas al sistema nacional y, además, pagan impuestos provinciales para financiar el déficit de la caja de los empleados públicos de su provincia.
La situación generó tensiones con las provincias con cajas no transferidas, incluyendo demandas judiciales. Para dirimir el tema y poner en pie de igualdad a todas las provincias se estableció por ley que la ANSES debe transferir a las 13 provincias que mantienen sus cajas un monto equivalente al que hubieran erogado si la caja se hubiese transferido. De esta manera se logra un tratamiento equitativo. Para instrumentarlo las provincias tienen que aportar la información completa de sus aportantes y beneficiarios a los fines de que la ANSES todos los años simule las reglas previsionales nacionales para calcular el desequilibrio que habría afrontado. Como las simulaciones se hacen una vez concluido el año, a los fines de evitar perjuicio a las provincias, la normativa contempla adelantos en función del ultimo desequilibrio estimado. Una vez hecho el cálculo se determina el saldo entre el monto del desequilibrio y los adelantos efectuados.
El esquema es consistente ya que evita asimetrías entre las provincias. Pero en la práctica funciona muy mal. La ANSES acumula más de 4 años sin hacer los cálculos de simulación. Las distorsiones se agravan porque los adelantos, más allá de que las normas prevén su actualización, se hacen de manera arbitraria y a valores históricos. Esto generó la acumulación de deudas de la ANSES con las provincias, varias judicializadas.
De poco sirve mostrar equilibrio fiscal si se siguen acumulando pasivos que la contabilidad pública no registra como tales pero que, no por ello, dejan de ser exigibles. La solvencia y sostenibilidad fiscal demandan abordar este problema y la manera de hacerlo es disponiendo en la ley ómnibus que los activos del FGS sean usados para cancelar los pasivos que acumula el sistema previsional. Igual estrategia hay que aplicar con las deudas acumuladas con beneficiarios nacionales que reclaman reajustes de jubilaciones en juicios con sentencia firme, a quienes ANSES les niega el pago.
