Jubilaciones se licuaron hasta un 42% por falta de movilidad

Actualizar las jubilaciones perjudicadas por la insuficiente movilidad sufrida entre los años 2002 y el 2006 va en la dirección correcta. Subsana una injusticia y cancela un enorme pasivo que la administración anterior no registró. También es positivo crear una pensión no contributiva que reemplace a las arcaicas moratorias. El proyecto debería también contemplar el abordaje de las deudas que tiene la ANSES con las provincias y mecanismos para que la reforma previsional no se postergue.

El Gobierno nacional ha anunciado una reparación para los jubilados. Se dará un aumento generalizado de haberes previsionales a jubilados que fueron perjudicados por la política previsional de la administración anterior y un reconocimiento por los retroactivos. La idea, además de la reparación de una situación injusta con los jubilados, es continuar con la tarea de cancelar deuda pública acumulada y no registrada en la contabilidad oficial.

Esta deuda con los jubilados se origina en el retraso que sufrieron las jubilaciones entre los años 2002 y 2006 debido a la decisión unilateral que adoptó el gobierno anterior de concentrar los aumentos sólo en los haberes mínimos. Los jubilados que habiendo realizado aportes y tenían haberes superiores a los mínimos vieron frustrada la actualización de sus prestaciones en el marco de una creciente inflación.

Para dimensionar la licuación sufrida por las jubilaciones hay que remontarse a los datos históricos. En este sentido, según la legislación de aquel momento y la tasa de inflación informada por el INDEC en la época (cuando todavía no estaba cuestionado por las distorsiones que sufriría con posterioridad), se observa que entre el 2001 y el 2006:    

• El haber mínimo creció en 213% nominalmente que, corregido por inflación, implicó un aumento de 64%.

• Los haberes entre el mínimo y los $1.000 de aquella época crecieron 22% nominalmente que, corregidos por inflación, fue un caída de – 36% en términos reales.

• Los haberes superiores a $1.000 de la época tuvieron un ajuste de sólo 11% nominalmente por lo que, en términos reales, cayeron – 42%.

Estos datos muestran que los haberes superiores al mínimo sufrieron una enorme licuación por ajustes insuficientes ante un entorno de inflación ascendente. Entre los años 2001 y 2006 la inflación oficial informada por el INDEC fue del 90% mientras que las jubilaciones superiores a la mínima fueron ajustadas entre un 11% y un 22%, perjudicando así a 1,7 millones de jubilados de la época. Luego se sumaron nuevos jubilados entre los afectados porque la falta de movilidad se trasladó a los salarios sobre los que se calcula el haber inicial. Esto gatilló juicios que hoy involucran a casi medio millón de jubilados y otros 2 millones que no hicieron juicios pero han sido perjudicados.

Esta es una, pero no la única, de las estrategias a las que apeló la administración anterior para apropiarse de fondos. En la misma línea operó la apropiación de los ahorros de los futuros jubilados de las cuentas de capitalización individual, la prórroga unilateral del Pacto Fiscal que estableció la derivación del 15% de la masa coparticipable al sistema previsional y la negación a reconocer los déficits de las cajas previsionales provinciales no transferidas. Los excedentes obtenidos por estas vías espurias se usaron para regalar jubilaciones sin aportes con las moratorias y financiar planes asistenciales que deberían haber sido financiados con rentas generales y no desfinanciando la ANSES.

Es positivo reparar tanto a los jubilados que hicieron juicio como a los que no lo hicieron. También va en el sentido correcto la creación de una prestación no contributiva permanente para las personas que llegan a los 65 años de edad y no tienen suficientes aportes, como sustituto de la improvisada y demagógica política de regalar jubilaciones con las moratorias. Pero el proyecto debería también abordar otros pasivos que acumula la ANSES como las deudas que la Nación generó con las provincias por la apropiación indebida del 15% de la coparticipación y la falta de cobertura de parte de los déficits de las cajas no transferidas. Dejar pendientes estos temas se parece a la estrategia del gobierno anterior de dejar acumular pasivos ocultos en la contabilidad pública.

Haber declarado el default fue una costosa experiencia. Pero perjudicar a un comprador de títulos públicos no es comparable con estafar a un anciano que fue obligado durante 30 años a realizar elevados aportes sobre su salario. Por eso, además de este acto de reparación, es central avanzar en una reforma integral del sistema previsional para darle sustentabilidad y no volver a ser fuente de demagogias, improvisación e injusticias.