Informe Nº: 85001/03/2020
Aún con las reformas, los costos que generan las jubilaciones de jueces y embajadores no se podrán cubrir con los aportes de los activos. Esto es muy inequitativo porque obliga al Estado a pagar subsidios a jueces y embajadores jubilados que son mucho más altos que los que reciben las familias pobres. El Congreso […]
El Congreso dio media sanción, con algunas modificaciones, al proyecto de ley elevado por el Poder Ejecutivo para reformar los regímenes especiales de jueces y embajadores. El debate parlamentario estuvo cargado de polémicas por temas ajenos a lo previsional, como –por ejemplo– la acusación de querer inducir renuncias de jueces actuales para nombrar jueces afines o la legitimidad del voto de un diputado que ya fue designado embajador. Esto aumenta la importancia de no perder de vista los temas centrales, que son, cuán necesario es revisar estos regímenes especiales y si la reforma responde a esta necesidad.
La principal argumentación en favor del cambio es que se tratan de regímenes de privilegio. Dentro de la ambigüedad que subyace en esta denominación, en principio, se califica como tal a reglas más beneficiosas que las previstas en el régimen general que no se legitiman por un mayor desgaste laboral o por un mayor esfuerzo contributivo.
El documento técnico que soporta el proyecto de ley da a conocer el balance financiero de los regímenes especiales de jueces y embajadores. Según esta fuente y datos complementarios de ANSES y Desarrollo Social se observa que:
Estos datos muestran que entre un tercio y la mitad de los haberes que cobran los magistrados y funcionarios de Cancillería jubilados se financian con subsidios del Estado. Es decir, el mayor aporte de los activos no alcanza para cubrir el costo que genera jubilarse antes y con haberes muchos más altos que el régimen general. No es la única ni la más grande erogación regresiva que tiene el Estado, pero resulta de las más irritativas. Los jubilados jueces y funcionarios de Cancillería reciben todos los meses subsidios del Estado por aproximadamente más de 10 veces lo que recibe un hogar pobre.
La siguiente pregunta es si el proyecto logra corregir esta inequidad. Tal como fue aprobado en la Cámara de Diputados se hacen avances. Por ejemplo, se reduce el universo de empleados públicos cubiertos por el régimen especial, se toma el promedio de salario de los últimos 10 años en lugar del último sueldo para el cálculo del haber inicial, se incrementa la edad de retiro de los varones y se aumentan los aportes personales. De todas formas, esto no alcanza para eliminar el subsidio del Estado. Fundamentalmente porque se mantiene la regla de que el haber se calcula a razón del 82% del salario de referencia, un porcentaje mucho más alto que en el régimen general.
La reforma –tal como la aprobaron los diputados– es un progreso, pero también una oportunidad perdida. El tratamiento de esta ley era la instancia propicia para sentar el precedente de que, si algún sector aspira a tener un tratamiento especial (ya sea jubilarse antes o tener mayores haberes), los mayores costos tienen que ser cubiertos explícitamente con mayores aportes administrados a través de una caja complementaria y no con subsidios encubiertos, como ocurre en la actualidad. Este cambio en la manera de financiar los regímenes especiales habría ayudado al ordenamiento general del sistema previsional, apuntado a un esquema más justo, transparente y solidario.
También representa una oportunidad perdida el rechazo de los diputados a la unificación de las edades de retiro en 65 años para varones y mujeres. Que se obligue al Estado a subsidiar el retiro temprano de un reducido grupo de mujeres que tuvieron la oportunidad de acceder a muy buenos empleos con altos salarios, resulta injusto de cara a la enorme masa de mujeres relegadas a la inactividad laboral y/o trabajos informales.
Para más información, puede comunicarse con el Economista Jorge Colina. Mail: jcolina@idesa.org Tel: +54 9 11 4550 6660
