Informe Nº: 109327/10/2024
El gobierno dispuso disolver la AFIP y sustituirla por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Más allá del cambio de nombre y del anuncio de reducción de gastos, lo más urgente e importante es la transformación digital de la administración tributaria junto con la simplificación de los impuestos.
La presión tributaria nacional –hasta hace poco, a cargo de la AFIP– ronda el 23% del PBI. Esto se distribuye 10% del PBI para el financiamiento del Estado nacional, 8% del PBI a las provincias y 5% del PBI para la seguridad social. Las provincias incrementan la presión tributaria con impuestos propios recaudados con sus direcciones de rentas que equivalen a otros 5% del PBI. En consecuencia, la AFIP ocupaba un rol central en la recaudación tributaria ya que recaudaba 8 de cada 10 pesos de los impuestos.
La AFIP se financiaba con un porcentaje de la recaudación. Según el Presupuesto 2025, estos recursos ascienden a unos 2.500 millones de dólares anuales, es decir, un monto similar a lo que reciben Entre Ríos, Tucumán o Chaco por la coparticipación. Solo Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba reciben más recursos que la AFIP, mientras que las 16 provincias restantes reciben menos. Resulta muy sugerente que la AFIP reciba tributos para su financiamiento, por la vía automática, como si fuera una “provincia” más.
¿Qué tenía previsto hacer la AFIP con esos recursos? Según el proyecto de Presupuesto 2025 la distribución en grandes rubros era la siguiente:
Estos datos muestran un marcado sesgo hacia el pago de salarios de los empleados. Esta es la consecuencia de tener muchos empleados (casi 21.000) con muy altas remuneraciones (promedio unos 100 mil dólares por año). La contrapartida es una muy escasa asignación de recursos a inversiones tecnológicas. Este desbalance es uno de los factores que explica por qué la AFIP era un organismo poco empático con los contribuyentes y muy ineficaz para evitar la evasión.
La base de la administración tributaria moderna es la explotación de la tecnología de la información. La idea de inspectores humanos amedrentando contribuyentes es tan obsoleta como ineficaz. Por eso, el principal desafío no es bajar el exagerado gasto de la actual administración tributaria, sino replantear su asignación. Con información y tecnología los montos que tiene que pagar cada contribuyente los puede determinar la administración tributaria eliminando la necesidad de confeccionar declaraciones juradas y abordar tortuosas normativas y trámites. La responsabilidad del ciudadano se debe limitar a la transferencia bancaria por el monto que la administración tributaria determine para el pago. Por otro lado, con información e inteligencia para procesarla se puede ser mucho más eficaz contra la evasión. Se ha naturalizado que cada nuevo gobierno inicie su gestión con un blanqueo, que luego es evaluado como exitoso por su alta adhesión; cuando en realidad es un síntoma contundente del fracaso de la administración tributaria para controlar el pago de los impuestos.
La transformación de la administración tributaria debe ir junto con el ordenamiento del sistema impositivo. El principal problema hoy es la superposición de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Las ventas están gravadas tres veces (IVA, Ingresos Brutos y tasas municipales) y el patrimonio también (Bienes Personales, Inmobiliario y ABL). Se está ante la oportunidad de encarar una profunda simplificación en un único impuesto a las ventas y un único impuesto al patrimonio –que engloben los tributos que actualmente imponen los tres niveles de gobierno– y que sean administrados por un único ente recaudador: la ARCA.
También es importante mejorar la institucionalidad de la administración tributaria. La conducción de la ARCA no debería estar sujeta a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, sino que debería tener reglas de independencia, profesionalización y federalización. Un esquema análogo al que se propone para el Banco Central estableciendo requisitos de probada capacidad técnica en administración tributaria y de honestidad de sus directores, junto con el aval de las provincias haciendo que sus nombramientos sean con acuerdo del Senado.
