Informe Nº: 78609/12/2018
El deterioro en la situación productiva y social intensifica las demandas por asistencias del Estado. Pero la mayoría de los pedidos son inconsistentes porque requieren recursos fiscales que no se disponen. Para dar una respuesta eficaz a los problemas productivos y sociales es imprescindible mejorar la gestión del Estado. La industria argentina se encuentra […]
La industria argentina se encuentra en franca caída y con perspectivas desalentadoras. Según el INDEC, desde junio del 2018 la actividad industrial viene cayendo a tasas de 7,5% promedio en cada mes respecto a igual mes del año anterior y las expectativas para lo que queda del año es que la tendencia empeore. Ante esta realidad, las organizaciones industriales piden bajas de impuestos, reducción de tasas de interés y tarifas de servicios públicos, excepción en las retenciones a las exportaciones y levantamiento de embargos de la AFIP, entre otras medidas.
Las demandas de los sectores productivos son entendibles. Sin embargo, resultan inconducentes en la medida que implican resignar recursos fiscales. El gobierno junto con una parte importante de la oposición consensuó y dejó establecido en el Presupuesto 2019 la meta del déficit fiscal primario cero como principal acción para salir de la crisis. Cualquier iniciativa en contra de este consenso merece un justificado rechazo.
De todas formas, ¿obliga esto a la resignación o hay vías para financiar políticas de apoyo a los sectores productivos y sociales sin generar déficit fiscal? En principio, tres medidas que podrían indagarse son:
Estos datos muestran que estas tres políticas permitirían generar un espacio fiscal del orden de los $870 mil millones o 5% del PBI. Se trata de una masa de recursos suficiente para darle viabilidad y sustento a las acciones que se necesitan para apoyar a los sectores productivos y a las familias en situación de vulnerabilidad, sin generar déficit fiscal. Pero lo más importante es que se lograría ambos objetivos en base a avanzar hacia un sistema tributario más neutral y progresivo y a un sistema previsional más sustentable.
Para apoyar a los sectores productivos y sociales sin colisionar con la meta de déficit fiscal cero es crucial mejorar la gestión del Estado. Esto requiere vencer a los intereses que bregan por el inmovilismo. Por ejemplo, eliminar las exenciones de IVA a los alimentos y establecer un mecanismo de devolución del impuesto sólo a las personas pobres mediante reintegros en tarjetas de débitos es una medida moderna, eficiente y de alta equidad. Pero su instrumentación requiere vencer las resistencias de los segmentos medios y altos que son los que actualmente se apropian de la mayor parte de las exenciones porque son los que más alimentos consumen. En la misma línea, valuar los inmuebles a precios acordes con los de mercado mejorando la recaudación del impuesto a la riqueza es una medida de justicia distributiva. Pero exige resistir las críticas de los propietarios de inmuebles de alto valor que hoy pagan muy poco de este impuesto.
La gran mayoría de los argentinos está a favor de un Estado fuerte y presente pero muy pocos están dispuestos a hacer el esfuerzo para financiarlo. Sobran los ejemplos: redes de políticos y empresarios corrompidos en la obra pública, empleados privados y públicos (incluidos jueces) que se niegan a pagar impuesto a las ganancias, organizaciones empresariales, sindicales y piqueteras que presionan insistentemente por subsidios, legisladores que impulsan leyes sumando gasto público sin contemplar el financiamiento, empresas publicas subordinadas a sus empleados. El Estado se debilita ante la proliferación de iniciativas que le hacen gastar por encima de sus posibilidades.
Las recurrentes crisis en Argentina –y la actual no es diferente– se originan en el desequilibrio crónico y estructural del sector público. Por eso, para cortar con la decadencia es fundamental cambiar de prioridades. En lugar de impulsar ideas que suman presión en las finanzas públicas, las energías deberían colocarse en diseñar y consensuar propuestas innovadoras para una administración más eficiente y equitativa de los recursos del Estado.
