Informe Nº: 82218/08/2019
A pesar de que la situación monetaria y de reservas es mucho más sólida que en las crisis del 2018, el Banco Central no defendió el peso luego del sorpresivo resultado de las PASO. Ante la estampida del dólar, el gobierno trató de compensar con reducción de impuestos y aumento del gasto social potenciando la […]
El resultado adverso en las PASO para el oficialismo disparó el dólar de $45 a $60 reavivando la inflación. En compensación por el rebrote inflacionario, el gobierno adoptó una batería de medidas. Aquí se cuentan la elevación del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, la reducción de aportes personales, la suspensión del pago del monotributo, la reducción de los anticipos para autónomos, planes de pagos para las PYME, congelamiento en el precio de la nafta y la reducción al 0% en el IVA de alimentos. Simultáneamente, en la misma lógica de tratar de compensar el impacto social del aumento de los precios, dispuso incrementos en algunos programas asistenciales.
Lo improvisado y riesgoso de estas medidas potenciaron las dudas y las polémicas en torno a si la crisis cambiaria era inevitable. Para abordar este tema, un punto de referencia es el denominado “dólar de convertibilidad”. Esto es, el cociente entre el dinero en efectivo en poder de la gente más los depósitos en caja de ahorro, plazo fijo y LEBAC dividido la cantidad de dólares que el Banco Central tiene como reserva. Es una aproximación al valor al que se iría el tipo de cambio en el caso de que todos los pesos se usaran para comprar dólares. La situación es hipotética por lo extrema, ya que nunca puede ocurrir en la práctica, pero permite medir el grado de fortaleza del Banco Central para defender el valor del peso al comparar este valor con el precio del dólar de mercado.
En este sentido, según datos que publica regularmente el Banco Central se observa que:
Estos datos sugieren que la crisis cambiaria era evitable. Es cierto que el dólar de convertibilidad es un indicador relativo, porque, por ejemplo, no todas las reservas están disponibles para hacer frente a una corrida cambiaria. Pero comparado con las crisis cambiarias del 2018, el Banco Central estaba en muchas mejores condiciones para defender el valor del peso. Esta mayor fortaleza se explica porque el tipo de cambio no estaba atrasado, la situación fiscal era mejor y porque la desactivación de las LEBAC, principal detonante de las crisis cambiarias del 2018, disminuyó el dólar de convertibilidad.
Otro dato relevante es que el acuerdo con el FMI contemplaba la posibilidad de intervenir en el mercado del dólar. En el convenio se estipuló una zona de no intervención entre un piso de $39,75 y un techo de $51,45. Pero a su vez establece que cuando el dólar llegue al techo (es decir, tienda a superar los $51,45) el Banco Central tiene que intervenir para defender ese valor. Si bien se estipula que las intervenciones deben ser en el orden de los U$S 250 millones diarios, también establece que ante situaciones especiales el Banco Central puede usar sumas mayores. No hay dudas que el resultado de las PASO, totalmente distinto a lo que pronosticaban todas las encuestas, fue un hecho inesperado que justificaba una intervención más agresiva del Banco Central. Máxime cuando las medidas posteriores tomadas por el gobierno para mitigar las consecuencias de la crisis cambiaria implicaron violentar, no solo el acuerdo con el FMI, sino puntos esenciales del propio plan económico del gobierno.
El imprevisto resultado de las PASO profundizó la incertidumbre política en un contexto en el que, desde hace tiempo, la situación financiera, productiva y social es de alta vulnerabilidad. Pero esto no justifica reaccionar improvisadamente con un conjunto desarticulado de medidas que implican abandonar el plan económico que se venía ejecutando y violentar lo acordado con el FMI. Se demolieron los dos pilares de la estrategia de salida de la crisis que eran la estabilidad cambiaria y el saneamiento de las cuentas públicas.
El resultado es un empeoramiento de la situación. Pero más grave aún es que se sigue sin abordar una contradicción de fondo: una sociedad que ve con simpatía y presiona por tener un sector público de grandes dimensiones, pero se niega a pagar los impuestos que demanda su financiamiento. Mientras siga instalada la ilusión de que un Estado grande es gratis, más allá de quién sea el presidente o el ministro de economía seguirán las crisis a las que fatalmente se llega por emisión monetaria y exceso de endeudamiento.