La inflación viene haciendo el ajuste fiscal

Las autoridades económicas salientes dejaron sus cargos proyectando que el resultado primario en el 2019 será de -0,5% del Producto Bruto Interno (PBI). De esta forma, no se habrá cumplido con la meta del “déficit primario cero” planteada para este año. Sin embargo, la reducción del desequilibrio fiscal es destacable. En el 2015, cuando las autoridades salientes recibieron el gobierno, el déficit primario era de -3,8% del PBI.

El principal determinante de esta mejora en las cuentas públicas fue la importante reducción del gasto público primario desde 24% a 18% del PBI. Este esfuerzo fiscal es el que permitió reducir el déficit fiscal aun cuando hubo que compensar la devolución a las provincias del 15% de la coparticipación que financiaba a la ANSES mandado por un fallo de la Corte Suprema. A esto hay que agregar que el anterior gobierno también redujo varios impuestos nacionales.

¿Cómo se logró semejante disminución del gasto público medido en términos del PBI? Para responder a este interrogante sirve analizar la información que publica el Ministerio de Economía. Según esta fuente, entre los años 2015 y 2019 se observa que:

• El gasto primario nacional aumentó a razón de 30% promedio anual.
• El PBI real –o sea, la cantidad total de bienes y servicios que produce la economía– disminuyó a razón de -1% promedio anual.
• Los precios con que se miden los bienes y servicios que conforman el PBI aumentaron a razón de 40% por año.

Estos datos muestran que la importante disminución del gasto público primario medido en términos del PBI no se produjo porque disminuyó el gasto público o porque la economía se expandió. El ajuste fiscal se produjo gracias a la aceleración de la inflación. Esto lo muestra el hecho de que los precios de los bienes y servicios que consume la población crecieron muy por encima de lo que aumentó el gasto público. Frente al crónico problema de que el Estado tiende a gastar por encima de sus posibilidades, la inflación se encargó de hacer el ajuste fiscal de una manera desordenada y socialmente costosa.

Una forma de ilustrar cómo opera la inflación licuando gasto público es con las jubilaciones, las cuales representan la mitad del gasto primario. La regla de movilidad estipula que las jubilaciones se ajustan trimestralmente en función de la inflación y los aumentos de salarios de 6 meses atrás. Este rezago hace que, en un ciclo ascendente de la inflación, los haberes previsionales siempre crezcan menos que los precios. Pero además como la actualización es trimestral, en el segundo y tercer mes de cada trimestre hay una perdida adicional ya que mientras los haberes están fijos, los precios siguen creciendo. Con una inflación que ya supera el 50% anual, esta licuación de haberes previsionales viene haciendo una contribución decisiva en la reducción del gasto público medido en términos reales.

Si la meta prioritaria del nuevo gobierno es mejorar la situación social es imprescindible dejar de apelar a la inflación para licuar gasto público. Para ello, se debe mejorar la organización y gestión del Estado. Por ejemplo, hasta ahora, gracias a una alta dosis de inacción e hipocresía, el gasto previsional se redujo en términos reales apelando a que todos los meses los haberes pierdan frente al aumento de los precios. El camino alternativo –que es mucho más equitativo y honesto– sería cambiar las normas previsionales a los fines de contribuir a la sustentabilidad financiera del sistema previsional con mayor equidad y adaptación al proceso de envejecimiento poblacional.

En el mismo sentido, es fundamental avanzar en el ordenamiento funcional del sector público. Un punto clave es reducir el derroche de recursos públicos debido a la superposición de funciones entre la Nación y las provincias. Por esto, es una muy mala señal que el gobierno nacional planee luchar contra el hambre preservando y potenciando Ministerios nacionales con estructuras burocráticas que ya demostraron su fracaso por avasallar roles y funciones que les corresponde a las provincias y municipios.