Informe Nº: 74711/03/2018
La propuesta de discutir las normas que regulan el aborto genera encendidas polémicas. Además de los planteos basados en argumentos religiosos es muy pertinente considerar las evidencias científicas que señalan que la legalización no genera prácticas sexuales más irresponsables sino menos abortos. El proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo provoca un intenso […]
El proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo provoca un intenso cruce de opiniones. De todas formas, prevalecen las opiniones subjetivas y la poca consideración a las evidencias científicas. En esencia lo que está en discusión es si es pertinente que la sociedad le imponga a una mujer concebir un hijo contra su voluntad o si lo que corresponde es que se respete su decisión de interrumpir el embarazo.
Desde hace muchos años en los países desarrollados el aborto tiene el tratamiento legal que ahora se propone en Argentina. Es decir, es la mujer la que decide continuar o no con el embarazo. En cambio, en los países en vías de desarrollo prevalecen normas más restrictivas, como las que actualmente rigen en la Argentina. Estas divergencias permiten evaluar de manera objetiva las consecuencias de adoptar diferentes estrategias.
Un estudio publicado en el 2016 en la prestigiosa revista The Lancet y financiado por los gobiernos del Reino Unido, Holanda, Noruega, Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud destaca que entre los años 1990 y 2014 se observa que:
Estos datos muestran que en el último cuarto de siglo la tasa de abortos tuvo una importante disminución en los países desarrollados donde se respeta la decisión de la mujer en relación a continuar o interrumpir el embarazo. En cambio, en los países en vías de desarrollo donde el aborto tiende a estar legalmente penalizado, la tasa se mantuvo prácticamente constante. Estas evidencias científicas sugieren que la legalización del aborto no induce a prácticas sexuales más irresponsables sino que, por el contrario, genera las condiciones para una menor proporción de embarazos no deseados.
Otra evidencia muy importante que arroja este estudio es que entre los años 2010 y 2014, el 73% de las mujeres que abortaron fueron mujeres casadas o en unión conyugal mientras que sólo el 27% fueron mujeres que no vivían en pareja. Esto refuerza la noción de que la legalización del aborto no promueve el libertinaje sino que opera como último recurso en la planificación familiar. Planteado de esta manera, la legalización de la interrupción del embarazo permite que la planificación familiar sea hecha con métodos legales y médicamente seguros.
El aborto es una experiencia muy traumática que difícilmente alguna mujer la considere trivial ni mucho menos que la disfrute. Pero ser obligada a procrear sin desear tener hijos puede generar, en algunos casos, una situación más traumática aún. Solo de esa manera se explica que en los países donde el aborto es ilegal muchas mujeres estén dispuestas a poner en riesgo su vida en intervenciones clandestinas con tal de interrumpir el embarazo. Las evidencias están mostrando que es poco probable que una mujer llegue a un embarazo no deseado porque el aborto sea legal y, además, que la legalización ayuda a que sean más eficaces las políticas orientadas a promover prácticas sexuales responsables y a darle contención y orientación a quienes enfrentan un embarazo no buscado.
Merecen ser respetadas las posiciones fundadas en consideraciones éticas y religiosas que sostienen la oposición a la interrupción del embarazo. Pero el mismo tratamiento merecen quienes consideran que no corresponde obligar a una persona a concebir un hijo que no quiere tener. Respetar la voluntad de las personas, en línea como lo hacen los países más desarrollados, no solo es un acto de tolerancia sino también una manera de generar estrategias más eficaces para evitar los embarazos no deseados.
