La mayoría de jóvenes de escuelas del Estado no va a la universidad

El inédito ajuste fiscal se basa en que el gasto público crezca por debajo de la inflación. En reacción a este proceso, la oposición sancionó una ley estipulando que en el caso de las universidades nacionales el gasto se debe recuperar en términos reales al nivel registrado en el 2023 y, a futuro, actualizarse por inflación. La reacción del presidente fue el veto de la ley bajo el argumento de que conspira contra el equilibrio fiscal, objetivo esencial para recuperar la estabilidad macroeconómica.

La oposición amenaza con invalidar el veto volviendo a sancionar, con mayoría especial, la misma ley. El argumento más frecuentemente utilizado es que las universidades nacionales son un factor de movilidad social ascendente. Subyace en el imaginario de gran parte de la sociedad de que gracias a la gratuidad de la universidad pública los jóvenes de familias de bajos ingresos tienen la oportunidad de ascender en la escala social. 

Lamentablemente, no se publica información sobre la procedencia de los estudiantes universitarios. Sin embargo, indicios relevadores pueden obtenerse a partir de la tasa de egreso de la secundaria en tiempo (sin retraso). Estos jóvenes son los que están en mejores condiciones de continuar con estudios superiores. Según la Secretaría de Educación, se estima que por cada 100 jóvenes que comienzan la secundaria:

• El 30% termina la secundaria a tiempo en una escuela estatal.
• El 15% termina la secundaria a tiempo en una escuela privada.
• El 55% restante no termina la secundaria a tiempo de los cuales el 90% (48% del total) son jóvenes que cursan en escuelas estatales.

Estos datos muestran que la mayoría de los alumnos de colegios estatales sufren severos problemas de aprendizaje al punto que no terminan la secundaria a tiempo o directamente la abandonan. Es un fuerte indicio de que pocos tienen la posibilidad de seguir estudios universitarios. Por lo tanto, la matrícula de las universidades tiene un marcado sesgo en favor de los jóvenes que hicieron la secundaria en colegios privados. Esto sugiere que las universidades más que un factor de movilidad social son un mecanismo de transferencia de ingresos en favor de los estratos socioeconómicos más altos.

Un tema que excede a las universidades, pero incide decisivamente en su desempeño, es el profundo deterioro de la educación básica. Más de la mitad de los jóvenes no egresan a tiempo de la educación media y las pruebas que miden la calidad alertan que muchos egresados tienen muy limitados conocimientos. Bajo estas condiciones, la contribución de las universidades a la movilidad social es baja y una parte importante de su presupuesto termina yendo en beneficios de estudiantes cuyos hogares tuvieron ingresos suficientes para pagar una escuela privada en la educación básica. Para que la universidad sea factor de movilidad social es necesario mejorar sustancialmente la calidad de la educación básica, además de las transformaciones necesarias para mejorar la calidad de la educación universitaria.

Ni la gestión de las escuelas de educación básica ni la de las universidades dependen directamente del gobierno nacional. Las escuelas primarias y secundarias son gestionadas por las provincias que son autónomas. Las universidades nacionales también son autónomas gracias a la Reforma Universitaria de Córdoba de 1918. El Estado nacional no tiene capacidad para influir directamente en la gestión educativa, pero sí de manera indirecta. Fortaleciendo la producción y difusión de resultados de la educación se pueden generar las condiciones para que la sociedad presione a gobernadores y rectores a fin de que mejoren la gestión educativa. Es la población informada y preocupada por la calidad de la educación la que puede y debe exigir a los dirigentes políticos y educativos a brindar educación primaria, secundaria y universitaria de calidad.

El sistema educativo demanda profundas transformaciones. Si bien su implementación depende de los gobernadores y de los rectores universitarios, la Nación tiene el instrumento de empoderamiento a la población para que presione a los responsables a fin de que la educación estatal vuelva a ser el mecanismo de movilidad social que alguna vez fue.