Informe Nº: 60307/06/2015
La sociedad se manifestó con contundencia a través de la campaña “#NiUnaMenos”. Aunque el énfasis estuvo puesto en mejorar los sistemas de represión y de asistencia a las víctimas, para prevenir la violencia de género es fundamental el rediseño de las políticas educativa, laboral y asistencial. Promoviendo que las mujeres tengan la oportunidad de conseguir […]
La sociedad se manifestó con contundencia a través de la campaña “#NiUnaMenos”. Aunque el énfasis estuvo puesto en mejorar los sistemas de represión y de asistencia a las víctimas, para prevenir la violencia de género es fundamental el rediseño de las políticas educativa, laboral y asistencial. Promoviendo que las mujeres tengan la oportunidad de conseguir un empleo de calidad se aumenta su independencia, su poder de decisión y su autoestima y, por esa vía, la capacidad efectiva de rechazo a los actos de violencia.
Una multitudinaria convocatoria tuvo la campaña “#NiUnaMenos” en las redes sociales y las calles. Las demandas estuvieron centradas en reclamar la implementación de un plan nacional de erradicación de la violencia contra las mujeres, un registro especial para estos delitos, el monitoreo electrónico de los victimarios, la revisión de procedimientos en comisarías, fiscalías y fueros civil y penal, y educación sexual integral para una vida libre de discriminación de género y violencia machista.
La represión legal de este tipo de delitos, la asistencia a las víctimas y la educación son acciones imprescindibles y urgentes. Pero tan necesarias como ellas son las acciones que permitan mejorar la situación de las mujeres y, por esa vía, actuar preventivamente frente a los riesgos de sufrir actos de violencia.
En este aspecto resulta pertinente considerar la situación laboral de las mujeres. Según información publicada por la OECD y el INDEC referida a población entre 15 y 64 años de edad, o sea, edades de participar en el mercado de trabajo, se observa que:
Estos datos muestran que la inactividad laboral entre las mujeres es mayor que entre los hombres pero la brecha de género en el acceso al mercado de trabajo es mucho más grande en Argentina que en los países desarrollados. Si sólo el 56% de las mujeres participa del mercado laboral y además un 8% de ellas no consigue empleo (es decir, son desempleadas), sólo la mitad de las mujeres en edad activa tienen una ocupación. Esta situación genera roles familiares y sociales muy desiguales entre el varón y la mujer en muchos hogares. La dependencia económica contribuye a favorecer la tolerancia a los comportamientos violentos.
La inactividad laboral generalmente se origina en la deserción educativa temprana, antes de terminar la secundaria. Se consolida cuando no se trabaja durante la juventud y tempranamente se tiene hijos. Se solidifica pasado los 30 años de edad cuando, con bajos niveles de educación y sin experiencia laboral, las probabilidades de conseguir un empleo de calidad son muy remotas. La mujer queda así condenada a depender económicamente de un tercero. Con esto se produce el deterioro de la autoestima y de la dignidad lo que genera el campo fértil para la resignación ante posibles actos de sometimiento y violencia.
Muchas de las políticas de la última década, avaladas con amplios consensos, fomentan la inactividad laboral femenina y, por esa vía, debilitan las barreras contra la violencia de género. Por ejemplo, en materia educativa la prioridad fue aumentar al 6% del PBI la inversión en educación y elevar el salario docente. Pero hubo retrocesos en términos de reducir la deserción escolar y mejorar los aprendizajes. La política laboral desalienta el empleo en general, pero especialmente el de las mujeres pobres al elevar imposiciones sobre los salarios, complejidad administrativa, conflictividad y judicialidad. En materia de política asistencial, el diseño adoptado para los principales programas, como la Asignación Universal por Hijo y el Progresar, inducen al desaliento en la búsqueda de un empleo.
La represión, la asistencia a las víctimas y la promoción de cambios culturales son importantes. Pero pierden efectividad si no se previenen los delitos generando condiciones para que las mujeres, especialmente las que integran los hogares pobres, tengan la oportunidad de construir un proyecto de vida propio que les dé independencia, poder de decisión y autoestima. Con cambios en las instituciones educativas, laborales y de asistencia social se pueden tender, como ocurre en los países desarrollados, puentes para que todas las mujeres accedan a un empleo de calidad, dándoles la oportunidad para que no toleren la menor insinuación de actos de violencia.
