La Nación paga apenas el 9% del salario docente.

Varios factores motorizan el severo proceso de decadencia educativa. Uno muy importante es el salario que no estimula la excelencia y el esfuerzo docente, y se determina a nivel nacional cuando la mayor parte de las erogaciones la afrontan las provincias. Otro fenómeno muy negativo es la equivocada creencia de que aumentando el gasto automáticamente mejora la educación. Para empezar a revertir la decadencia hay que cambiar las reglas de organización apuntando a un esquema de remuneraciones más descentralizado que premie los resultados.

Según el ordenamiento constitucional, las provincias son las responsables del financiamiento y de la gestión de la educación primaria y secundaria. Esto incluye dentro de la función más compleja e importante la contratación y el monitoreo del trabajo de los docentes. La Nación, en cambio, tiene roles puntuales, aunque no menos importantes. Por ejemplo, establecer reglas de homogeneidad en los títulos, medir y transparentar resultados educativos, y promover un mejoramiento continuo y equilibrado del sistema.
Sin embargo, desde hace varios años y de manera creciente la Nación viene avanzando sobre la gestión de los recursos humanos de la educación. Por un lado, a través de una negociación a nivel nacional fija el “piso” de las escalas de remuneraciones. Por otro, la Nación aporta parte del financiamiento del gasto salarial. Hasta antes de las recientes negociaciones, pagaba $165 por docente en concepto de Fondo de Incentivo Docente (FONID) a lo que se agrega, para las provincias del NOA y NEA, $295 por docente en concepto de Compensación Salarial por la Ley de Financiamiento Educativo.
¿Cuánto representa este aporte? Los últimos datos del Ministerio de Educación, referidos a setiembre del año pasado, señalan que para un docente de primaria de jornada simple con 10 años antigüedad la distribución del financiamiento es la siguiente:

• En las provincias del NOA y NEA, que reciben los dos componentes nacionales, el aporte nacional representa, en promedio, el 18% del salario bruto.
• Para el resto de las provincias, que reciben sólo el FONID, el aporte nacional representa, en promedio, el 6% del salario bruto.
• Es decir que, para la media del país, el aporte nacional representa aproximadamente el 9% del salario bruto.

Los datos oficiales sugieren una visible desproporción. La Nación tiene una muy alta incidencia en la determinación del salario docente pero aporta una ínfima parte en su pago. Esto no cambia con la última paritaria ya que si bien se aumenta el componente de Fondo de Incentivo Docente en $50 en marzo y $40 en julio, la Nación le impuso a las provincias –como piso– un incremento de $410 ya que el salario mínimo pasa desde $1.840 a $2.250. La Nación asume la parte "simpática" de anunciar los aumentos de salarios (que con alta inflación siempre son altos) pero las provincias son las que deben afrontar el pago.  
Constituye un acto de demagogia anunciar aumentos de salarios que otros tienen que pagar. Pero más negativo y demagógico es que el ínfimo aporte financiero que hace la Nación se instrumente a través de un monto por docente. De esta manera, no se incentiva el compromiso con la calidad educativa, dado que se paga independientemente del esfuerzo y el desempeño de cada docente, y se induce al fraude, dado que para maximizar las transferencias desde la Nación las provincias son estimuladas a caratular como docente a empleados públicos que no trabajan como tales.
En este perverso esquema de intervención de la Nación subyace la equivocada idea de que a mayor gasto automáticamente se consigue mejor educación. La consecuencia de este error es que mientras funcionarios y “expertos” se autocomplacen sancionando normas que fijan metas de aumento en el gasto y monitoreando que dichas metas se cumplan, los jóvenes argentinos no dejan de descender en las pruebas internacionales de evaluación educativa. Se ubican por debajo de Chile y Uruguay (países con similares niveles socioeconómicos) y también de Brasil y Colombia (países con peores entornos socioeconómicos). Aumentar la inversión en educación es una prioridad, pero mucho más importante es cambiar las reglas de gestión.
Para revertir la decadencia es imprescindible eliminar la paritaria nacional. De esta manera cada provincia reasume su responsabilidad constitucional de gestionar el sistema educativo. La Nación debe concentrarse en medir rigurosamente los resultados educativos, fomentando y presionando por mejoras en la calidad. En materia de financiamiento, lo más importante es aumentar la coparticipación y premiar a los mejores maestros. En lugar de concentrar los esfuerzos en el seguimiento del gasto, la inteligencia debe ponerse en la construcción de indicadores transparentes de medición de resultados del trabajo docente.