La nación paga sólo el 7% del salario docente

La provincia de Chubut se encuentra en una profunda crisis debido a que el Estado provincial entró en cesación de pagos. Desde hace 2 meses que hay problemas para el pago de salarios a empleados de organismos públicos, hospitales y docentes. La huelga en las escuelas del Estado entra en su décima semana con lo cual los niños y jóvenes de Chubut hace 2 meses y medio que no asisten a clase.

El origen de la crisis fiscal de Chubut se remonta a varios años atrás, pero se gatilló cuando el actual gobernador, habiendo sido reelecto, no pudo cumplir con las promesas de campaña de dar altos aumentos de salario. Para destrabar, aunque sea la huelga docente, el gobernador solicitó ayuda al gobierno nacional para pagar los sueldos a los maestros. A partir de ese pedido, se produjo una serie de acusaciones cruzadas entre los funcionarios provinciales y nacionales. Esto dio pie a que el gobernador descargue las culpas de la crisis educativa de Chubut sobre las autoridades nacionales.

¿Es responsable la Secretaría de Educación de la Nación de la huelga docente de Chubut? Para indagar en las respuestas resulta pertinente observar cómo se financian los salarios docentes en la Argentina. Tomando como cargo testigo el salario de maestro jornada simple con 10 años de antigüedad, a diciembre del 2018 (último disponible) se observa que:

• El salario promedio de una maestra de primaria es de $23.500.
• Las provincias pagan en promedio $21.850 o sea el 93% del salario.
• La Nación paga los restantes $1.650 o sea el 7% del salario.

Estos datos muestran que el pago de los salarios docentes es responsabilidad de las provincias. La “ayuda” que la Nación otorga a las provincias es muy pequeña. Tan exigua que difícilmente pueda destrabar un conflicto. En otras palabras, la responsabilidad del manejo del presupuesto de Chubut, incluidas las partidas asignadas a educación, es del gobernador. Pero el Secretario de Educación nacional se convierte en responsable cuando mantiene activo un mecanismo que implica entrometerse en un área que no es de su competencia contribuyendo a diluir las responsabilidades en la crisis.

El artículo 5° de la Constitución Nacional establece expresamente que las provincias se reservan “…la administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria”. Esta fue la voluntad política cuando se escribió la Constitución en el año 1853 que se mantuvo vigente en el año 1994, cuando fue reformada. Estas definiciones no dejan dudas que las responsables por la educación básica son las provincias.

Que la Nación se entrometa en funciones provinciales es un desvío institucional con costosas implicancias en la gestión. Por ejemplo, el 7% del salario que paga la Nación se materializa a través de 3 programas: Fondo de Incentivo Docente ($1.210), Materiales Didácticos ($210) y el Aporte Nacional ($473) que se envía sólo a 7 provincias del norte argentino. El esquema sirve para multiplicar la burocracia a cargo de estos programas y para que el responsable del problema –en este caso el gobernador de Chubut– diluya responsabilidades planteando compartir culpas con el funcionario nacional. Las intervenciones nacionales tampoco sirven para “mitigar diferencias regionales”, como argumentan los defensores de estos programas. Hay provincias donde el salario docente de primaria es de $30 mil (como San Luis, La Pampa o Córdoba), en Chubut es de $23 mil y otras donde es de apenas $15 mil (como Misiones, Corrientes y Santiago del Estero).

Lo mejor que puede hacer la Nación en favor de la educación es descentralizar los recursos y desmantelar todos los programas nacionales. No solo los que financian salarios sino también los destinados a “Infraestructura y equipamiento”, el “Acciones de formación docente”, el “Fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”, etc. No es casual que Canadá, un país federal con uno de los mejores sistemas educativos del mundo, no tenga Ministerio de Educación nacional.