Informe Nº: 83410/11/2019
El presidente electo declaró que en las actuales condiciones no es posible pagar la deuda pública. Esta visión, ampliamente compartida, pasa por alto que la deuda presente es el resultado de la acumulación de déficits pasados. Por lo tanto, a futuro el principal desafío no es la deuda sino equilibrar las cuentas públicas. El […]
El futuro presidente afirmó que en la situación económica en la que se encuentra el país es imposible que la Argentina pueda pagar su deuda. Esta visión es ampliamente compartida, incluso por sectores poco afines al nuevo presidente. Las razones son objetivas. El crecimiento de la deuda pública, especialmente la contraída en dólares, fue muy intenso en los últimos años. Este proceso junto con la fuerte devaluación del peso llevó a que la deuda pública supere el 100% del Producto Bruto Interno (PBI).
Este nivel de endeudamiento es muy difícil de abordar para cualquier país. A esto se agrega que más del 78% debe ser pagada con dólares. Esto plantea un desafío adicional ya que la Argentina es un país con escasa capacidad para generar divisas. Mientras que la Argentina exporta U$S1.400 por persona por año, Uruguay exporta aproximadamente U$S 2.000 y Chile U$S 4.000 por persona por año.
Ante la posibilidad de reiterar la costosa experiencia del default de comienzos de este siglo, resulta pertinente identificar correctamente los orígenes del problema. Dado que la deuda presente es el resultado de la acumulación de déficits en el pasado sirve observar la historia del resultado fiscal del sector público nacional y provincial en las últimas décadas. Según información publicada por el Ministerio de Hacienda, que se remonta a 1961 hasta el presente, en los últimos 59 años se observa que:
Estos datos muestran que en el 75% de los años que transcurrieron en las últimas 6 décadas hubo déficits primarios. Sumando todos los resultados fiscales de estas 6 décadas (tanto los deficitarios como los superavitarios) surge una acumulación de déficits de más del 120% del PBI. Es decir, un número acorde a la deuda actual. A esto hay que agregarle los intereses que se pagaron por esta deuda contraída para cubrir déficits. La principal conclusión es que la alta deuda no es un hecho puntual asociado a decisiones poco responsables del actual gobierno sino de la cronicidad de los desequilibrios fiscales.
Muy difundida en el imaginario colectivo está la idea de que la deuda pública es la consecuencia de la actitud deliberada de “entregadores” internos que se ponen de acuerdo con “oportunistas” externos para expoliar al pueblo argentino. Esta visión pasa por alto que el crónico desequilibrio fiscal sólo le deja al sector público dos alternativas: cubrir sus déficits con emisión monetaria o contraer deuda. Como el límite a la emisión es la alta inflación, la propensión a contraer deuda es alta. Como agravante, la deuda debe ser en dólares porque los inversores se niegan a prestar en pesos dada la alta inflación.
El principal desafío para el nuevo presidente, igual que para todos sus antecesores en el último medio siglo, no es cómo afrontar la deuda sino cómo ordenar el sector público. Si en el inicio de la nueva administración se plantea un plan técnicamente consistente y políticamente viable de ordenamiento fiscal, la deuda es un tema secundario. Demandará negociar con los acreedores la reprogramación de vencimientos en función de la capacidad de pago que demuestre el país, como lo hizo Uruguay. Pero si no hay vocación de ordenar el sector público, o la estrategia es poco convincente, un nuevo default es inevitable y la cronicidad de los déficits fiscales seguirá haciendo que los problemas de emisión inflacionaria y deuda impagable también sigan siendo crónicos.
El ordenamiento del sector público demanda abordar tres pilares básicos. El ordenamiento previsional adaptando las normas a los cambios demográficos y eliminando privilegios. El ordenamiento tributario unificando impuestos nacionales, provinciales y municipales para recaudar más con menos presión tributaria gracia a la simplificación. El ordenamiento funcional desmantelando los organismos y programas nacionales que se superponen con funciones provinciales y municipales, como ocurre en las áreas de educación básica, salud pública, vivienda y urbanismo, justicia y seguridad, entre otros.
