Más gasto público previsional que en Japón

Finalmente, la Corte emitió su fallo sobre el caso “Blanco c/ ANSES s/ reajuste” en el que hace lugar al pedido del jubilado Blanco para que entre los años 2002 y el 2008 no se aplique el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), como pretendía la ANSES, sino el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC). La Corte no cuestionó el índice usado por ANSES, sino que lo haya aplicado por resolución y no por ley. Quiere decir que si el Congreso actúa rápido enmendando este error formal se evitará otro golpe sobre la frágil situación de la ANSES.

El juicio testimonia hasta qué punto llega el oportunismo y la ligereza en materia previsional. El gobierno anterior viola la Constitución al no haber actualizado los haberes superiores a la jubilación mínima entre los años 2002 y 2008 para generar el promocionado superávit fiscal de aquella época. Ahora, el gobierno actual aplica el índice correcto, pero con un instrumento deficiente. Dado que esta mala praxis previsional es sistemática, cabe preguntarse si es soportable seguir acumulando improvisaciones.

Una forma de responder la pregunta es contrastando con la experiencia internacional. Según datos de la OECD, el INDEC y el Ministerio de Hacienda se observa que:

• Australia tiene el 15% de su población con edades mayores a 65 y su gasto público previsional es de 4,3% del PBI.
• Japón tiene el 27% de su población con edades mayores a 65 y su gasto público previsional asciende a 10,2% del PBI.
• Argentina tiene apenas el 11% de su población mayor a 65 y su gasto público previsional, sumando el nacional y el provincial, llega al 11,9% del PBI.

Estos datos muestran que la Argentina es un país con una población relativamente joven, pero con un gasto previsional propio de un país envejecido. Australia, con características demográficas similares a Argentina, gasta 3 veces menos en jubilaciones. Argentina, teniendo casi 3 veces menos adultos mayores que Japón, gasta en jubilaciones más que el país nipón. Se trata de evidencias muy ilustrativas y contundentes de que el sistema previsional argentino, con sus reglas actuales, es inviable.

El paso del tiempo no resolverá el problema sino que lo agravará. Según las proyecciones que publica el INDEC, en la próxima década la población joven menor a 20 años se mantendrá constante en alrededor de 14,5 millones de personas y sólo crecerán en número las personas en edades activas (20 – 65) y los mayores de 65. Esta dinámica demográfica muestra una oportunidad pero también una amenaza. La Argentina, a diferencia de los países más envejecidos, todavía disfruta de la última etapa del “bono demográfico”, es decir, crece la población en edad activa, pero transitoriamente.

El fallo Blanco pone en evidencia la necesidad de simplificar integralmente la legislación previsional a los fines de evitar casuísticas y ambigüedades que dan pie a la judicialización espuria. Pero también es necesario avanzar sobre temas técnicamente complejos y políticamente sensibles. Entre los principales están: tender a la igualación en la exigencia de años de servicios y edad de retiro y establecer un mecanismo automático de actualización gradual en función de la dinámica demográfica, eliminar la posibilidad de duplicar jubilación y pensión por fallecimiento del cónyuge y suprimir los regímenes especiales o de “privilegio” tendiendo a que todas las jubilaciones se calculen y actualicen con la misma modalidad. En otras palabras, tender a que el sistema público de reparto garantice el acceso equitativo a la cobertura previsional. Sería recomendable que esto fuera complementado con mecanismos de ahorro individual para quienes pretendan acceder a beneficios superiores a los previstos en el régimen general.

Es muy importante cumplir con el “déficit cero” planteado en el Presupuesto 2019. Pero hay que ser conscientes de que para ajustar las cuentas públicas se está apelando a herramientas muy rudimentarias (aumento de impuestos distorsivos, caída de la inversión pública, transitoria licuación de jubilaciones y salarios). Para que la estabilidad fiscal sea estructural es ineludible hacer una reforma previsional responsable.