Mejorar la justicia aportaría 2% más de crecimiento anual

Las multitudinarias manifestaciones canalizan el malestar por decisiones que las autoridades vienen adoptando. En esta ocasión, fue el rechazo a la reforma judicial. Comparaciones internacionales sobre calidad del sistema judicial muestran a la Argentina en una posición muy rezagada. Está demostrado que esto tiene asociado menor desarrollo económico. La reforma propuesta por el Poder Ejecutivo, además de poner en riesgo la independencia de poderes propia de un sistema republicano, agrava el mal funcionamiento del sistema judicial, potenciando la dependencia del crecimiento a factores exógenos como el alto precio de la soja. 

El Congreso Nacional se apresta a sancionar un conjunto de reformas sobre el sistema judicial nacional. Varios son los cambios, pero los dos más controvertidos son el aumento en el número y la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura por voto popular directo y la limitación a los ciudadanos para interponer medidas cautelares contra el Estado.

El Consejo de la Magistratura es la institución que selecciona a los jueces, sanciona y propone su destitución. Si la mayoría de sus miembros coincide con la mayoría de votos que consagran al presidente de la Nación y a los legisladores, se corre el riesgo de perder la independencia del Poder Judicial. Consecuentemente, aumentan las posibilidades de que los ciudadanos sean víctimas de actos de arbitrariedad, discrecionalidad y falta de justicia. La limitación a la posibilidad de plantear medidas cautelares contra el Estado refuerza este riesgo de sometimiento a los designios del sector político gobernante.     

La literatura sobre el desarrollo económico es profusa en señalar que el crecimiento económico depende de la calidad de las instituciones. Por eso, el Banco Mundial a través de Doing Business desarrolla una metodología para medir estos fenómenos. Si bien se trata de aproximaciones sobre cuestiones muy complejas resulta interesante observar que:

· Con mejores instituciones para el crecimiento aparecen Singapur, Hong Kong, Corea y Malasia; EEUU e Inglaterra; Australia y Nueva Zelanda; Dinamarca y Finlandia.

· Entre los Latinoamericanos, hay una tanda en posición intermedia como Chile (37°), Perú (43°), Colombia (45°) y México (48°).

· En las últimas posiciones están Argentina (124°), Brasil (130°), Ecuador (139°), Bolivia (155°) y Venezuela (180°).

Cabe aclarar que este ranking mide la facilidad para abrir formalmente un negocio, registrar una propiedad, obtener un crédito, ser protegido como inversor, poder hacer cumplir los contratos y cerrar una empresa, es decir, cuestiones donde es clave un buen funcionamiento del sistema judicial. En este sentido, resulta muy sugerente que la Argentina se ubique en el lote de los países institucionalmente más rezagados, aun dentro del contexto latinoamericano. Es decir, el país se destaca por ofrecer condiciones muy poco propicias para el desarrollo productivo. Si las dificultades se agravan con un debilitamiento mayor del sistema judicial, el progreso económico y social se hará más esquivo aún.

Varios estudios miden la contribución de un buen sistema judicial al crecimiento económico. Una investigación realizada en el Banco Mundial (“Regulaciones y Crecimiento”, 2006) señala que si los países que están en las últimas posiciones, como Argentina, lograrán acercarse a las 30 primeras posiciones –como Chile, por ejemplo– la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía aumentaría en 2,3 puntos porcentuales. Dicho de otra manera,  un sistema judicial más eficiente, ágil e independiente permitiría que la economía crezca a un ritmo mucho más alto, disminuyendo la dependencia de factores exógenos como los precios y las tasas de interés internacionales. Es importante tener en cuenta que un crecimiento del 2% anual alcanzaría para generar los puestos de trabajo necesarios para dar empleos a quienes ingresan cada año al mercado de trabajo. 

La preocupación de la sociedad es que la reforma judicial abra las puertas para cercenar libertades individuales, reducir la seguridad de los ciudadanos y generar impunidad para la corrupción. Así como se demolieron las instituciones federales, este paquete de normas preanunciaría la demolición de las instituciones republicanas. Pero los justificados temores no deberían motivar conformismo frente al mal funcionamiento del sistema judicial. El cuestionamiento podría ser a la dirección de los cambios propuestos.

Los países más prósperos basan sus progresos a partir de muchos factores. La abundancia de recursos naturales, los recursos humanos altamente calificados, o la tecnología y la innovación. Pero todos cuentan con un activo invisible: un sistema judicial que impide las arbitrariedades; protege la seguridad personal y el derecho de propiedad; y garantiza la integridad de los frutos de invertir, innovar y trabajar.