Ministro de Hacienda solo maneja el 0,2% del gasto público

El año termina sin mejoras en la economía y manteniendo como principal desafío el ordenamiento de las cuentas públicas. Junto con el anuncio de cambio de ministro se destacó la importancia de abordar esta meta. Pero la modernización y sustentabilidad del sector público depende más del resto del gabinete que del Ministro de Hacienda. Puntos claves son revisar los programas nacionales que se superponen con funciones provinciales y municipales y la reforma previsional.

El balance del 2016 es ambiguo. Se logró eliminar varias de las distorsiones acumuladas en la organización económica y entablar modalidades de gestión política basadas más en el diálogo y los acuerdos que en la confrontación. Pero el nivel de actividad económica no repunta (la contracción sería del 2% respecto al año anterior), la inflación aunque declinante sigue siendo alta (cerraría en un 40% anual) y el empleo formal está estancado.

En este marco, se anunció el cambio de ministro y el desdoblamiento del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. Se trata de un área que tuvo un desempeño destacado en la concreción de logros importantes como la salida del “cepo” cambiario, el restablecimiento de las relaciones con la comunidad financiera internacional, la recuperación del presupuesto público como herramienta de gestión y transparencia y el blanqueo. En la explicación de los motivos de la separación del cargo se mencionaron cuestiones personales y que sigue pendiente imprimir más velocidad y profundidad a la reducción del déficit fiscal.  

Para analizar la situación fiscal se cuenta con datos del Ministerio de Hacienda correspondientes al acumulado a noviembre. Según esta fuente, el resultado financiero (déficit fiscal) de la Administración Pública Nacional presenta el siguiente comportamiento:

• A Noviembre del 2015, el déficit representaba el 9,4% de los ingresos totales.

• En los primeros 11 meses del 2016, el déficit equivale al 16,9% del total de los ingresos públicos.

• Esto significa que el déficit fiscal en proporción a los ingresos del Estado nacional aumentó en aproximadamente el 80%.

Estos datos muestran que el déficit fiscal en términos de la capacidad de repago del Estado nacional, o sea, medido como porcentaje de los ingresos, casi se duplicó. Esto se explica, por un lado, por la reducción de los ingresos públicos debido a la disminución de la presión impositiva, fundamentalmente, en el impuesto a las ganancias y las retenciones a las exportaciones. Pero, por otro lado, también se explica porque se mantuvo la inercia en el crecimiento del gasto público, en particular, incrementando las remuneraciones de los empleados públicos, las jubilaciones y las transferencias asistenciales.

Ante esta situación, el éxito del blanqueo es importante. No sólo por los recursos que aporta de manera inmediata sino porque amplia la base contributiva incrementando el flujo futuro de recaudación. Sin embargo, no es garantía de que sea suficiente para corregir el déficit fiscal. Algunas analogías se pueden trazar con las privatizaciones de hace dos décadas que generaron ingresos extraordinarios y mejoraron el flujo del Estado, al dejar de afrontar los déficits de las empresas públicas, pero no garantizaron la sustentabilidad fiscal. Es recomendable asumir que el blanqueo no sustituye la racionalización del gasto público.

Junto con el recambio de ministro y el desdoblamiento de la cartera de finanzas y hacienda pública se destacó como principal objetivo ordenar las cuentas públicas. La meta es pertinente pero las expectativas puestas en el nuevo funcionario de Hacienda son exageradas. El Ministro de Hacienda tiene responsabilidad central como generador de ingresos públicos, pero secundaria como administrador del gasto. Prueba de ello es que el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas sólo ejecuta el 0,2% del gasto público. El otro 99,8% depende de decisiones del resto del gabinete. De aquí que a la modernización del sistema tributario hay que sumarle el aporte del todo el gabinete para modernizar la organización y la gestión del sector público.

El tema central en la agenda de políticas para el año 2017 debería ser el ordenamiento de las cuentas públicas. Entre los temas pendientes más importantes se destacan revisar la multitud de programas nacionales que casi todos los ministerios nacionales ejecutan de manera superpuesta con funciones de las provincias y los municipios, desactivar las estructuras burocráticas que se usan para administrar estos programas y la reforma previsional que la ley de blanqueo asigna al Consejo de Sustentabilidad Previsional. En otras palabras, se trata de lograr una mejor articulación de la Nación con provincias y municipios para disminuir el histórico derroche provocado por el solapamiento de intervenciones.