Nación gasta $130 Mil Millones en funciones provinciales

En la organización federal de la Argentina, las provincias tienen las principales responsabilidades por los servicios a los ciudadanos. Esto es educación primaria y secundaria, salud pública, servicios de vivienda y urbanismo, asistencia social, seguridad y justicia. El Estado nacional, en cambio, tiene responsabilidades puntuales en temas de carácter interprovincial como la defensa exterior, las relaciones internacionales, la seguridad social, la educación superior y el desarrollo de infraestructura interprovincial.

Al evaluar el gasto del gobierno nacional aparecen programas que corresponden ser ejecutados desde el nivel central. Pero también se observan acciones en la que se usan fondos nacionales para financiar servicios a cargo de las provincias y los municipios. Es decir, en la práctica, el funcionamiento del sector público nacional muestra en varias áreas una desviación respecto a las reglas que establece la Constitución.

Para tener una idea de órdenes de magnitud de estos desvíos se puede analizar los Presupuestos 2018 de cinco Ministerios nacionales (Educación, Salud, Desarrollo Social, Obra Pública y Vivienda y Medio Ambiente). Según esta fuente se observa que:

• En programas de acciones interprovinciales se gastarán $150 mil millones.
• En programas con acciones superpuestas con las provincias y los municipios se proyecta erogar $130 mil millones.
• Esto significa que prácticamente la mitad de los presupuestos de estos cinco ministerios se gastarán en funciones que no les corresponden.

Estos datos muestran la importante magnitud de recursos públicos nacionales asignados en acciones que son de responsabilidad local. En términos comparativos, lo que estos cinco Ministerios nacionales asignan a funciones de las provincias y los municipios representan el 20% del déficit fiscal nacional. Se trata de un indicio concreto de cómo una organización más respetuosa del régimen federal ayudaría de manera sustantiva al ordenamiento de las cuentas públicas nacionales.

Los programas nacionales superpuestos con responsabilidad provinciales y municipales no son un mero e inocuo desvio institucional. Implican, salvo contadas excepciones, una importante fuente de derroche de recursos. En lo discursivo se justifican bajo el argumento de que suplen vacios de los gobiernos locales en áreas sociales importantes tales como arreglo y construcción de escuelas, centros de salud, calles o alcantarillados, distribución de materiales escolares y medicamentos, ayudas alimentarias y complementos salariales para docentes y personal de los sistemas de salud provinciales.

Sin embargo, en lugar de mejorar los servicios sociales en general contribuyen a profundizar su deterioro. En primer lugar, porque las acciones son episódicas con lo cual están lejos de al menos acercarse a la solución integral de los déficits. Se hacen pequeños arreglos en algunas escuelas de provincia, cuando el universo total es de 41 mil escuelas, o en centros de salud provinciales, cuando el universo asciende a 8 mil centros sanitarios. Los complementos salariales financian menos del 10% del salario docente. En materia de viviendan, el propio Presupuesto 2018 admite que los programas nacionales apenas podrían solucionar el 5% del déficit habitacional. Pero, ademas de tener un efecto marginal, su impacto más negativo es que induce a gobernadores e intendentes a tomar como tema prioritario peregrinar a Buenos Aires en busca de algunas de estas “ayudas” nacionales. Para los funcionarios nacionales resulta muy atractivo mostrar acciones en temas sensibles y ejercer poder distribuyendo recursos discrecionalmente entre provincias y municipios. Para los funcionarios subnaciones el esquema es ideal para diluir sus responsabilidades.

Para avanzar en un sector público más sustentable y eficiente es fundamental eliminar las superposiciones entre jurisdicciones. Por eso es extremadamente importante que el dialogo alcanzado con la firma del Consenso Fiscal se extienda y se profundice trabajando para clarificar las responsabilidades en la asignación de funciones entre niveles de gobierno.