Informe Nº: 57309/11/2014
La Ley sobre Riesgos del Trabajo produjo una importante reducción en la siniestralidad y mejoras en las prestaciones, con impactos moderados en los costos laborales. La incorporación del servicio doméstico era una tarea pendiente que recién ahora fue abordada. Lamentablemente, errores de instrumentación van a llevar a que la obligación de contratar una ART en […]
La Ley sobre Riesgos del Trabajo produjo una importante reducción en la siniestralidad y mejoras en las prestaciones, con impactos moderados en los costos laborales. La incorporación del servicio doméstico era una tarea pendiente que recién ahora fue abordada. Lamentablemente, errores de instrumentación van a llevar a que la obligación de contratar una ART en este sector, a diferencia de lo que ocurre con el resto de los trabajadores, provoque desprotección.
La Ley sobre Riesgos del Trabajo (LRT) fue sancionada hace prácticamente dos décadas. En términos generales, sus resultados son muy positivos. Según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), la tasa de accidentes y enfermedades profesionales se redujo entre los años 1997 y 2013 desde 7% a 5%. Más relevante aún es que en el mismo periodo la frecuencia de accidentes laborales mortales se redujo a un tercio, cayendo desde 15 a 5 fallecimientos por cada 100 mil trabajadores. En paralelo, se mejoró significativamente el nivel de las prestaciones (atención médica e indemnizaciones) con un impacto moderado sobre los costos laborales de las empresas.
Desde la sanción de la LRT quedó pendiente su aplicación al servicio doméstico. Finalmente se definió que a partir de noviembre de este año cada familia con servicio doméstico debe contratar individualmente una ART. Para ello, hay que pagar una cuota mensual de $130 si se emplea por menos de 12 horas semanales, $165 si es por 12 a 16 horas semanales y $230 cuando supera las 16 horas semanales.
Comparando este valor de cuotas con las remuneraciones que perciben los trabajadores formales del servicio doméstico (según la EPH del INDEC) se estima que el seguro de riesgos del trabajo impacta sobre los costos de contratación de la siguiente manera:
Estos datos muestran que el costo del seguro para el servicio doméstico es muy alto ya que para el resto de los trabajadores la contratación de una ART representa en promedio el 3,2% de la remuneración. Aunque el servicio doméstico no es un sector que se destaque por la alta siniestralidad laboral, las familias tienen que afrontar un costo que más que duplica el que pagan las empresas para contar con la misma cobertura. A esto hay que agregar que la instrumentación contempla procedimientos muy complejos y burocráticos para la contratación y pago.
Con este diseño de altos costos laborales y trámites complejos se potenciará la exclusión. Según el INDEC, en la Argentina hay 1,2 millones de personas trabajando en el sector del servicio doméstico, de las cuales apenas el 20% están registradas. El 80% restante son informales y perciben una remuneración que es un 40% inferior a las de los trabajadores formales. Esto sugiere que, en la gran mayoría de los casos, el servicio doméstico es una fuente de trabajo para hogares de bajos ingresos. Con este esquema de aseguramiento se generan altos riesgos de que haya menos empleo y más informalidad en un sector que da oportunidades laborales a hogares en estado de vulnerabilidad.
Incorporar un mecanismo moderno de cobertura para los riesgos laborales en el servicio doméstico es una iniciativa muy pertinente. Más aún, se debería complementar con un seguro social para las enfermedades no laborales. Pero si se instrumenta con mecanismos rudimentarios e inapropiados, siguiendo una tendencia que prevalece en gran parte de las instituciones laborales, los costos exageradamente altos, la burocracia y la litigiosidad espuria potenciarán la actual desprotección de los trabajadores domésticos.
En lugar de un esquema de contratación individual sería recomendable realizar una contratación colectiva a través de una licitación pública. Esto permitiría convocar a las ART que estén dispuestas a cubrir a todos los trabajadores del sector al menor costo. Para las familias no se agregarían trámites, ya que sólo tendrían que seguir pagando la cuota mensual de la seguridad social que pasaría a estar integrada por cobertura previsional, obra social y ART. Para atenuar el costo financiero, se podría contemplar un subsidio por parte del Estado. Es fácil demostrar que la rentabilidad social de este subsidio sería muchísimo más alta que, por ejemplo, los subsidios a Aerolíneas Argentinas. También es esencial una actitud mucho más proactiva del Poder Judicial para mitigar la litigiosidad espuria.
