Río Negro demuestra que hay que eliminar la coparticipación

La empresa argentina YPF y la malaya Petronas se asociaron para desarrollar el proyecto energético “Argentina GNL”. El emprendimiento consiste en la extracción de gas en Vaca Muerta, su transporte hasta la terminal de procesamiento y su industrialización en Gas Natural Licuado (GNL) para su posterior exportación. Es una de las iniciativas productivas más importantes de la historia del país. Con inversiones del orden de los USD 30 mil millones le permitirán a la Argentina convertirse en el 5° exportador de GNL del mundo.

La decisión sobre dónde radicar el proyecto fue motivo de polémicas. Si bien las empresas manifestaron que se evaluaron una multiplicidad de factores, es destacable el trabajo del gobierno de Río Negro para generar un entorno favorable a la ejecución del proyecto en su territorio. Esto incluyó una inmediata adhesión al RIGI y el alineamiento de otras decisiones, por ejemplo de impuestos provinciales, para que el proyecto se desarrolle enteramente en Río Negro. Es una experiencia muy ilustrativa de la relevancia que tiene un gobierno provincial tomando un rol activo en la atracción de inversiones.

La pregunta que cabe hacerse es cuántos recursos fiscales nacionales recibirá Río Negro a través de la coparticipación federal de impuestos por cada 100 dólares que genere el proyecto “Argentina GNL”. Según datos del Ministerio de Economía se estima que:

• El Estado nacional recibirá 68 dólares.
• El conjunto de las provincias recibirá los restantes 32 dólares.
• De los 32 dólares, a la provincia de Río Negro le corresponderá 80 centavos de dólar.

Estos datos ponen en evidencia el perverso incentivo que genera la coparticipación federal de impuestos nacionales. Río Negro recibirá menos del 1% del total de impuestos nacionales que genere el proyecto propulsado por la propia provincia. Como contrapartida, más del 99% de la recaudación se repartirá entre el Estado nacional y las otras provincias.

Esta experiencia muestra la enorme trascendencia que tiene para el progreso del país generar reglas que incentiven a las provincias a buscar su propio desarrollo. Los gobiernos provinciales tienen que internalizar que su éxito depende más de su capacidad para atraer inversiones productivas, que de mendigar ayudas a los funcionarios nacionales. Tienen que gastar menos tiempo viajando a Buenos Aires, para congraciarse con el gobierno nacional, e invertir más energías en lograr que sus provincias sean un entorno favorable para la producción y la generación de empleos de calidad. En el caso de Río Negro se dieron circunstancias excepcionales. Pero para que su actitud escale a todo tipo de proyectos y en todo el territorio nacional es imprescindible sustituir la coparticipación federal de impuestos.

Sustituir la coparticipación federal de impuestos no es imposible, lo que es imposible es tratar de arreglarla. La coparticipación es, por naturaleza, un mecanismo de redistribución. Por lo tanto, lo que gana una provincia lo pierde la otra. Por eso, lo recomendable es eliminarla estableciendo, en su lugar, un mecanismo de correspondencia fiscal. Es decir, que cada jurisdicción se financie con los impuestos que les cobra a sus habitantes. Esto se podría lograr estableciendo que el IVA absorba Ingresos Brutos y tasas de industria y comercio municipales y que su recaudación quede en el territorio que se generó. De esta forma, las provincias que más proyectos productivos atraigan, más ingresos públicos obtendrán. Para contemplar la situación de las provincias productivamente más rezagadas, se puede prever un Fondo de Convergencia que les facilite la transición financiándoles la infraestructura social y productiva necesaria para atraer inversiones a sus territorios.

La masificación de inversiones requiere un entorno amigable con la producción. Esto depende de transformaciones en los tres niveles de gobierno. Para que las provincias tengan los incentivos a hacerlo es fundamental eliminar los malos incentivos que genera la coparticipación. Se trata de un desafío complejo, pero posible. Esto lo demuestra Brasil que, siendo un país tan complejo como Argentina, ya está en camino de unificar el IVA federal con los impuestos a las ventas provinciales y municipales.