Informe Nº: 70230/04/2017
La celebración del Día del Trabajador muestra nuevamente el contraste entre una realidad caracterizada por severos problemas de empleo y los discursos que declaman en favor de los derechos laborales. La crisis en Santa Cruz es un testimonio aleccionador. Demuestra que la falta de empleo de calidad no se suple con generación de empleo público […]
La celebración del Día del Trabajador muestra nuevamente el contraste entre una realidad caracterizada por severos problemas de empleo y los discursos que declaman en favor de los derechos laborales. La crisis en Santa Cruz es un testimonio aleccionador. Demuestra que la falta de empleo de calidad no se suple con generación de empleo público espurio sino que, por el contrario, el gigantismo del Estado termina asfixiando la capacidad de generación de trabajo genuino.
El malestar de los empleados y jubilados públicos de Santa Cruz desencadenó graves actos de violencia contra funcionarios y ex–funcionarios de la Provincia. Se trata de comportamientos que merecen una enfática condena. Ningún motivo justifica la destrucción de bienes y mucho menos el ataque a las personas. En democracia no hay instancia que contemple el uso de la fuerza por parte de la población contra sus gobernantes, por más legítimo que sea el reclamo, mala la administración o irritantes los actos de corrupción. Son las instituciones republicanas y el voto popular los que deben encauzar la situación por la vía pacífica, aunque esto parezca que dilate la solución.
Se tiende a asociar el descalabro fiscal de la Provincia con la corrupción. Esto implica que si las políticas que se aplicaron en la Provincia hubiesen sido ejecutadas por funcionarios honestos, la situación sería diferente y no se estaría padeciendo la crisis actual.
Para identificar las causas de la crisis resulta pertinente analizar la información sobre empleo público provincial que aporta la Secretaría de Hacienda y el Ministerio de Trabajo. Según estas fuentes se observa que entre los años 1996 y 2016:
Estos datos muestran que el crecimiento del empleo público provincial fue alto en general, pero diferente entre jurisdicciones. Mientras San Luis aumentó su dotación de empleados en un tercio, Santa Cruz más que lo duplicó en los últimos 20 años. Santa Cruz pasó de tener un 25% menos de empleados públicos que San Luis en el año 1996, a tener 25% más en el año 2016. Esto llevó a que en dos décadas mientras la dotación de empleados públicos respecto a la población en San Luis bajó de 55 a 50 empleados por cada 1.000 habitantes, en Santa Cruz saltó de 88 a 110 empleados públicos por 1.000 habitantes. Los pocos datos disponibles de la Caja de Jubilaciones de Santa Cruz dan indicios de que la displicencia en la gestión previsional fue aún mayor.
Frecuentemente se argumenta que la laxitud en la administración del empleo público es una herramienta útil para contrarrestar la débil generación de empleos genuinos. La realidad demuestra todo lo contrario. En las últimas dos décadas en San Luis el empleo privado registrado creció de 34 a 60 mil, mientras que en Santa Cruz pasó de 22 a 60 mil. Se trata de evidencias muy sugerentes de que la crisis en Santa Cruz se generó por la actitud deliberada –aplicada durante los últimos 20 años– de generar masivamente empleo público y jubilaciones espurias.
Si bien Santa Cruz es un caso extremo, el problema afecta de manera general a todo el sector público. Ni la población ni las reglas y procedimientos de la administración pública asumen la enorme trascendencia que tiene contratar un nuevo empleado u otorgar una nueva jubilación. Incorporar un empleado de 25 años de edad al Estado al nivel de remuneración actual es una decisión que implica asumir compromisos por más de $30 millones. Esta es la suma de salarios que habrá que pagarle a lo largo de su vida activa y las jubilaciones una vez que se retire. Se trata de un pasivo que la contabilidad pública debería registrar ya que el empleado está amparado por un rígido esquema de estabilidad. Resulta paradójico que para contrataciones de bienes y servicios de mucho menor monto los procedimientos públicos contemplan una multiplicidad de controles –incluyendo la licitación pública para dar transparencia y competencia a la contratación– y la población pide estos mayores controles cuestionando frecuentemente cómo se toman las decisiones.
La generación de empleo genuino depende de un entorno favorable donde el buen funcionamiento del sector público es decisivo. Por eso, pretender paliar los problemas ocupacionales con empleo público espurio es –como lo demuestra Santa Cruz– una opción tentadora desde el punto de vista del oportunismo político, pero con garantía de fracaso.
