Informe Nº: 91820/06/2021
La acumulación de crisis tiene impactos productivos y sociales muy dañinos. Un hecho notable en el actual ciclo recesivo es que se aceleró la destrucción de empresas. Más allá de la pandemia, esta es la consecuencia de las deficientes regulaciones comerciales, tributarias y laborales.
El estimador de actividad económica del INDEC señala que en el 1° trimestre del 2021 la recuperación de la economía se estancó. A marzo 2021 (último disponible) se observa un nivel de actividad económica similar al de marzo del 2019. Esto sugiere que la recuperación económica habría llegado en marzo a un nivel pre-pandemia. Sin embargo, el nivel de empleo asalariado registrado en empresas privadas en marzo 2021 fue de 5,9 millones de trabajadores, cuando en marzo 2019 eran 6,2 millones. Es decir, hubo una recuperación en la producción con reducción en el empleo formal.
Muchos factores pueden explicar este fenómeno. Los cambios en la manera de trabajar y la aceleración del uso de la tecnología es probable que generen menos empleo asalariado. También incide que se apela a más contratados con el Monotributo. De hecho, en marzo 2021 aumentaron en 80 mil respecto de marzo 2019. Lo que marca una tendencia claramente diferenciada respecto al empleo asalariado formal.
Otro indicio relevante, sobre el que todavía no se cuenta con información oficial, es la cantidad de empresas empleadoras privadas formales. Sin embargo, datos que produce el Ministerio de Trabajo permiten trazar un panorama. Según esta fuente se observa que:
Estos datos muestran que las crisis prolongadas tienen impactos muy negativos en la producción y van acompañadas de una importante destrucción de empresas formales. El fenómeno sería cada vez más virulento como lo señala el hecho de que, por cada punto de caída en el PBI, la destrucción de empresas empleadoras es cada vez mayor. Es probable que parte de los empleos asalariados privados faltantes se explique por la gran destrucción de empresas empleadoras que viene ocurriendo.
La pandemia está explicitando las consecuencias de sostener un contexto agresivo contra los empleadores. Esto solo es tolerable para las empresas más grandes y las que se desenvuelven en entornos de poca competencia. Pero para los emprendimientos más pequeños expuestos a la competencia resulta asfixiante. Constituir y habilitar una empresa exige superar trabas burocráticas que demandan mucho tiempo y costos de honorarios. El sistema impositivo impone alta carga tributaria y burocrática, y además excesos de pagos a cuenta que se comen el capital de trabajo. En condiciones normales estas distorsiones se toleran, pero cuando sobreviene la crisis se masifica el cierre de empresas.
Otro factor clave son las regulaciones laborales. En las crisis se apela a reforzar la rigidez con medidas como la prohibición de despido, el aumento de las indemnizaciones y la imposibilidad legal de ajustar los salarios para preservar la empresa y los empleos. Esto se agrava con la centralización de la negociación colectiva que impide a las empresas entablar un diálogo de supervivencia con sus trabajadores. Toda negociación debe hacerse con el sindicato central, cosa que es imposible para las pequeñas empresas que son las más vulnerables. Si la empresa busca sobrevivir a la crisis reduciendo el personal, con alta probabilidad recibirá varios juicios laborales que termina siendo el tiro de gracia al intento de supervivencia. Esta política laboral de la rigidez, la centralización en la negociación colectiva y la judicialización profundizan la crisis dentro de la empresa obligando a muchas a cerrar cuando cae la actividad económica.
Los problemas sanitarios en un futuro próximo serán superados. Pero los cambios en las formas de trabajo y la incorporación de tecnologías son perdurables. Si se adaptan las regulaciones con una visión moderna e innovadora puede ser la oportunidad para fomentar la creación de empresas y la generación de empleos de calidad. Pero si se sostienen las actuales regulaciones seguirán la expansión de la informalidad y el asistencialismo.
Para más información, puede comunicarse con el Economista Jorge Colina. Mail: jcolina@idesa.org Tel: +54 9 11 4550 6660.
