Informe Nº: 75506/05/2018
La abrupta suba del dólar y la alta tasa de interés son la consecuencia de un ordenamiento demasiado gradual de las cuentas públicas. Cumpliendo con el Consenso Fiscal y adoptando reglas previsionales más justas se podría reducir más rápido el déficit fiscal evitando sus altos costos sociales y productivos. La persistencia alcista del dólar llevó […]
La persistencia alcista del dólar llevó a la elevación de la tasa de interés de referencia del Banco Central hasta el 40% para frenar la divisa. Esto genera un clima de incertidumbre y asfixia financiera que impacta de manera negativa en el funcionamiento de la actividad productiva desalentando nuevas inversiones y la generación de empleos de calidad.
El gobierno se aferró a la idea de que con el gradualismo se evitan los “costos sociales del ajuste”. Se trata de un planteo políticamente atractivo, pero falso. La realidad pone en evidencia que corregir lentamente los enormes desajustes heredados produce igualmente daños sociales y económicos. Sin más espacio para dilaciones, las autoridades económicas tuvieron que improvisar acciones en la línea de avanzar más rápido en el ordenamiento de las cuentas públicas. En concreto, se anunció un cambio en la meta de déficit fiscal pasando del 3,2% al 2,7% del PBI. Esto implica una reducción del déficit fiscal del orden de los $60 mil millones.
El anuncio de la reducción de la meta de déficit fiscal no fue acompañado de una explicación de cómo se logrará. De todas formas, para indagar sobre los espacios fiscales posibles sería pertinente apelar al Presupuesto Nacional 2018. Según esta fuente se observa que:
Estos datos constituyen apenas un par de evidencias de que hay margen para reducir el gasto público nacional sin apelar a recortes que impacten negativamente sobre la calidad de vida de la población más vulnerable. En todo el territorio nacional, salvo la región metropolitana, los gastos de infraestructura de transporte urbano y de agua y saneamiento son afrontados por los gobiernos locales. Por lo tanto, corresponde que estas partidas nacionales en favor del área metropolitana sean afrontadas por la Ciudad y la provincia de Buenos Aires por el conurbano. Con sólo dar este paso de ordenamiento y respeto al federalismo se podría lograr el ahorro prometido por el gobierno.
Además, implicaría avanzar de manera más rápida y consistente con la instrumentación del Consenso Fiscal. En este acuerdo se estableció que la Provincia de Buenos Aires recibirá el equivalente al monto que representaba originalmente el Fondo del Conurbano. Para ello, la Nación se comprometió a transferirle $40 mil millones en el 2018 y $63 mil millones en el 2019 que se mantendrán de allí en más. Para compensar, se previó la eliminación de los subsidios de la Nación en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Sería muy negativo que la reducción del déficit fiscal se materialice posponiendo inversiones del Estado en infraestructura nacional. Estas erogaciones son fundamentales para la competitividad y la calidad de vida de los ciudadanos. El error se puede evitar poniendo los énfasis en reducir gastos corrientes inequitativos y/o ineficientes. El mejor ejemplo en este sentido es lo que ocurre en el sistema previsional. Según datos publicados por la Secretaría de Seguridad Social, el 20% de los aportantes está dentro de algún régimen diferencial o especial que le dará acceso a beneficios con menor edad y/o mayor haber que el régimen general y el 20% de los jubilados tiene doble cobertura, es decir, cobra de manera simultánea jubilación y pensión. Revisando estas reglas se podría moderar el crecimiento del gasto previsional (que aún con la nueva fórmula de movilidad crece a razón del 30% anual) y avanzar hacia mayores niveles de equidad.
La realidad está mostrando que el gradualismo genera dividendos políticos de corto plazo, pero no evita costos sociales y productivos. En sentido contrario, con acciones más rápidas y estratégicas en el ordenamiento del Estado se puede beneficiar a toda la sociedad, pero especialmente a los sectores más vulnerables que son los que más sufren la alta inflación y la baja generación de empleos de calidad que provoca el no atacar los desajustes del Estado.
