Se gasta el doble en subsidios a empresas públicas que en la AUH

La inflación en enero rozó el 4% mensual y el precio de los alimentos creció por encima del 5%. Así, se suman evidencias de que los controles de precios de los alimentos, intensificados en octubre del año pasado, no dan resultados. En reacción al fracaso, el gobierno anunció que está analizando crear una empresa pública de alimentos. La idea es intermediar entre los productores y los consumidores para contar con una herramienta adicional de contención de la suba de precios de los alimentos.

Si bien la inflación es un fenómeno multicausal, no todas las causas tienen la misma gravitación. En el contexto actual, el principal generador de inflación son los excesos de emisión monetaria. Déficit fiscal alto, con muy limitado acceso al crédito público, lleva a imprimir dinero por encima de lo que la gente está dispuesta a conservar. Parte de los excesos, los absorbe el Banco Central con Leliqs y pases, pero otra parte presiona sobre los precios. Por eso lo más efectivo es moderar el déficit fiscal. Para ello hay muchas cosas por hacer, pero la más urgente es reducir los subsidios económicos.   

Hay diferentes tipos de subsidios. Según datos de ASAP y del Ministerio de Economía para el año 2021 los subsidios económicos responden a las siguientes categorías:

• Los subsidios al consumo de servicios públicos ascienden a 1,8% del PIB.
• Los subsidios a la producción de servicios públicos ascienden a 0,4% del PBI.
• Los subsidios a las empresas públicas nacionales ascienden a 1,2% del PBI.   

Estos datos muestran que los subsidios económicos tienen una incidencia decisiva sobre las finanzas públicas (representan un 3,4% del PBI, monto similar al déficit primario) y características heterogéneas. Los subsidios al consumo son los que se destinan a las tarifas de electricidad, gas y transporte urbano. Los subsidios a la producción son los que se destinan a las empresas productoras de energía. Los subsidios a las empresas públicas son los que se asignan al pago de salarios y proveedores de empresas estatizadas, como los trenes, Aysa, Aerolíneas Argentinas, Río Turbio, Correo Argentino, o empresas creadas para hacer frente a un desabastecimiento, como la ex – ENARSA (hoy Integración Energética) y otras empresas estatales.

Al desagregar de esta manera la información queda claro que la actualización de tarifas no es el único desafío para bajar los subsidios económicos. Un área que merece especial atención son las empresas públicas. Una manera de dimensionar la flagrante inequidad social que suponen las empresas del Estado es comparar el 1,2% del PBI que reciben de subsidios con el 0,6% del PBI que el Estado nacional asigna a la Asignación Universal por Hijo (AUH). Es decir, por cada $1 que se destina al principal programa social que administra el Estado, se asignan $2 a las empresas públicas nacionales. Si se consideraran otros privilegios que tienen las empresas públicas (como no pagar todos los impuestos) la inequidad es todavía mayor.   

Las empresas públicas son administradas en función de los intereses de sus proveedores y sindicatos. Sus desequilibrios no siempre se originan en insuficiencia de las tarifas sino en la mala administración, sobreprecios a sus proveedores, exceso de personal y salarios totalmente desalineados con los que cobran los trabajadores del sector privado. Son una enorme e irritante fuente de privilegios y corrupción.

Reducir los subsidios es prioritario, no porque lo sugiera el FMI, sino porque es la vía más rápida para moderar el exceso monetario que genera inflación. Para ello el desafío no se reduce a actualizar las tarifas contemplando subsidios focalizados en las familias de bajos ingresos. Más importante es terminar con el desvío de fondos públicos a las empresas del Estado. Por eso resulta sumamente contradictorio el proyecto de crear una empresa pública de alimentos, que no va a servir para moderar los precios, pero aumentará las presiones inflacionarias por la emisión monetaria que requerirá para cubrir su déficit.