Se gasta más en Aerolíneas que en educacion básica

Ante la inestabilidad del dólar, las autoridades anunciaron la intención de revisar los subsidios económicos. Además de tardía, la iniciativa está planteada como una amenaza a quienes pretenden proteger sus ahorros comprando dólares en lugar de una política equitativa y racional en la asignación de fondos públicos. La regla general debería ser que las tarifas sean acordes a los costos de los servicios públicos. En paralelo, instrumentar una tarifa social para que todos los hogares pobres –no sólo los que viven en Buenos Aires– sean los únicos subsidiados.

Las cuentas del sector público nacional muestran para el año 2013 un déficit del orden de los $64 mil millones. Esto representa aproximadamente un 2,3% del PBI. Si además se considera que en el curso del año se transfirieron al Tesoro $36 mil millones del Banco Central y $24 mil millones del sistema de seguridad social, el desequilibrio total asciende a $125 mil millones; aproximadamente 4,5% del PBI.

Este desequilibrio es una de las principales causas de la inflación la cual, a su vez, es la que genera las tensiones sobre el dólar. Por eso, la cuestión central es reducir el déficit fiscal. Lo demás, discusiones sobre desdoblamiento cambiario, acuerdos de precios o la demonización de empresarios son temas banales. Si bien los despilfarros abundan en el sector público, un rubro importante son los subsidios económicos que, a noviembre del 2013, ya acumulaban $110 mil millones, o sea un volumen equivalente al déficit fiscal.

El nivel de irracionalidad que se ha alcanzado con los subsidios económicos puede ilustrarse con el caso de Aerolíneas Argentinas. A noviembre del año 2013, esta empresa pública recibió del Tesoro $3.120 millones. A modo de referencia, según los presupuestos provinciales del año 2014 de algunas de las provincias más pobres del país se observa que:

· La provincia de Formosa proyecta invertir en educación pública $2.589 millones.

· La provincia de Jujuy prevé invertir en educación pública $3.806 millones.

· En Santiago del Estero se proyecta invertir en educación $4.137 millones.

Estos datos muestran que se gasta en subsidios para una empresa pública cifras análogas a lo que se asigna para educación primaria, secundaria, terciaria y cultura en algunas de las provincias más pobres del país. No hace falta un análisis profundo para demostrar que la rentabilidad social de invertir en educación es sustancialmente más alta que cubrir los déficits de Aerolíneas Argentinas. Garantizar cobertura y calidad en los servicios aéreos es un objetivo importante que se puede alcanzar sin subsidios. Basta con buenas regulaciones promotoras de la entrada de empresas privadas y la competencia. En cambio, dar la oportunidad a niños y jóvenes de las provincias más pobres del país a una educación pública de calidad es un objetivo estratégico que sólo el Estado puede financiar.   

El diagnóstico de las autoridades de que es necesario revisar los subsidios es correcto. Pero planteado como una penalización a quienes compran dólares es desacertado y condenado al fracaso. Resulta operativamente muy complicado reducir el subsidio a los servicios de electricidad, gas y agua a las viviendas donde el titular es detectado como comprador de dólares. Además se cometerán muchas injusticias debido a que quienes compran dólares no siempre tienen los servicios a su nombre o, peor aún, tienen a su nombre servicios de domicilios que ya no habitan. En igual sentido, es imposible hacerlo a las personas que usan trenes y colectivos. En el caso de algunas empresas públicas, como Aerolíneas Argentinas, el subsidio no es apropiado por los usuarios sino por empleados y contratistas que en la maraña de ineficiencias y falta de transparencia obtienen prebendas.

En lugar de dilapidar esfuerzos estériles buscando a los que compran dólares, mucho más conducente sería identificar a las personas que calificarían para una tarifa social. De esta forma, todas las personas con bajos ingresos (y no sólo las que viven en Buenos Aires) tendrían la posibilidad de acceder a servicios públicos subsidiados con una tarifa social. El resto de la población, debería pagar un nivel de tarifa que permita cubrir los costos operativos y las inversiones que hagan sustentable un buen servicio.

Esta es la forma de dar racionalidad económica a la provisión de servicios públicos y corregir las graves inequidades sociales y geográficas que producen los subsidios indiscriminados. Además, eliminando el déficit fiscal dejarán de ser problemas la inflación y el dólar. De esta manera, la población no tendrá que seguir perdiendo el tiempo en la tarea de “vigilar” los precios o encontrar la forma de proteger sus ahorros comprando dólares.