Informe Nº: 84602/02/2020
Desde la crisis del 2002, la Nación viene destinando una importante cantidad de recursos a planes alimentarios, sin resultados positivos. El Plan Argentina Contra el Hambre no presenta elementos originales. Por eso tiene el fracaso asegurado más allá de los réditos políticos que puedan capitalizar sus ejecutores. El Ministerio de Desarrollo Social de la […]
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación comenzó a ejecutar el Plan Argentina Contra el Hambre. Se trata de un programa nacional a través del cual se entrega una tarjeta de débito que solo puede ser destinada a comprar alimentos y artículos de limpieza. Las tarjetas son recibidas por embarazadas a partir del 3° mes y familias con hijos de hasta 6 años que estén percibiendo la Asignación Universal por Hijo (AUH). Se asignan $4.000 mensuales para familias con 1 hijo y $6.000 con 2 o más hijos menores de 6 años.
Complementariamente se prevé promover la economía social y la agricultura familiar para que las familias más vulnerables tengan herramientas para su propio sustento alimentario. Asimismo, se contempla la figura de “Promotores Comunitarios de Seguridad Alimentaria y Nutricional” que tendrán la misión de controlar talla y peso de los niños, articular las políticas alimentarias con las políticas sanitarias, materno infantil y primera infancia y fortalecer los comedores escolares y comunitarios.
La profunda crisis social, obviamente, genera amplia aceptación a esta iniciativa. Sin embargo, son escasas las consideraciones sobre su eficacia. Esto marca la pertinencia de analizar qué es lo que se viene haciendo desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en materia alimentaria. Según los presupuestos de ese Ministerio, se observa que:
Estos datos muestran que el Plan Argentina Contra el Hambre tiene poco de original. Desde la crisis del 2002 que se viene asignando un presupuesto de magnitud importante y estable a la causa del hambre con mecanismos de ejecución muy parecidos al anunciado programa. El fracaso de esta estrategia durante casi 20 años para terminar con el hambre es un rotundo antecedente que da lugar a pronosticar que, con este nuevo Plan, la seguridad alimentaria y nutricional seguirá siendo una asignatura pendiente.
El fracaso se explica por la proliferación de programas que buscan asistir a la misma gente por vías separadas. El nuevo plan es un ejemplo extremo de esta irracionalidad. Los beneficiarios del nuevo plan ya tienen una cuenta bancaria donde reciben la AUH. En lugar de depositarles el dinero en esa misma cuenta y restringir su uso a alimentos, se optó por dar otra cuenta bancaria. Esto demuestra tanto el desprecio por la gente (obligada a hacer un nuevo trámite) como por el cuidado de los fondos públicos (el gasto administrativo). Pero lo más significativo es que pone en evidencia que la prioridad no es la lucha contra el hambre, sino el rédito político. Prueba de ello es que para entregar la nueva tarjeta la gente es convocada a formar filas en lugares señalizados con cartelería política, que identifica al político que está concediendo la dádiva.
La asistencia social en Argentina está más orientada a generar capital político a sus ejecutores que a resolver los problemas de los pobres. Cuando se suman los planes asistenciales que ejecutan la Nación, las provincias y los municipios se puede llegar al centenar, dependiendo de la región. Ante semejante superposición de planes sociales se diluyen las responsabilidades. Se destina una enorme masa de recursos públicos para la atención de la pobreza, pero la inseguridad alimentaria se mantiene y no se sabe quién es el responsable: la Nación, las provincias, los municipios; todos, ninguno.
La pobreza y el hambre responden a una multiplicidad de factores. Uno de ellos es la proliferación de programas asistenciales, a los que ahora se suma el Plan Argentina Contra el Hambre, diseñados y ejecutados de manera rudimentaria y con mucho de oportunismo. La amplia convocatoria del nuevo gobierno a darle visibilidad al problema del hambre, lamentablemente será dilapidada con instrumentos y prácticas que ya han demostrado servir a fines espurios, pero no a dignificar a la gente.
Para más información, puede comunicarse con el Economista Jorge Colina. Mail: jcolina@idesa.org Tel: +54 9 11 4550 6660
