Se sigue reformando la coparticipación sin transparencia

El gobierno nacional dejó trascender que recuperará para sus arcas recursos públicos que la anterior gestión había cedido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La justificación para haberle cedido a la Ciudad esos recursos fue el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad. La justificación para quitarle ahora esos recursos es que la Ciudad de Buenos Aires ya cuenta con muchos recursos propios por habitante. En paralelo, y a pesar de ser el distrito con más recursos propios, el actual gobierno decidió revertir la política del anterior gobierno y restableció los subsidios nacionales a los servicios públicos del área metropolitana.

Este entuerto se produce porque se considera imposible discutir un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos. La Constitución estableció que un nuevo régimen de coparticipación debía ser sancionado en 1996. Ya se está próximo a entrar a un cuarto de siglo incumpliendo con este mandado. Pero lo más pernicioso es que se hacen modificaciones a la coparticipación de manera opaca, discrecional y arbitraria a través de diferentes vericuetos legales y no a través de los canales institucionales (que sería el debate y la sanción de una ley en el Congreso).

En el año 2019, la distribución automática de impuestos entre la Nación y las provincias fue de $2,7 billones. De este monto, el 40% fue a la Nación (que adicionalmente recibe el impuesto al cheque y los recursos de seguridad social y aduaneros) y el 60% se distribuyó entre las provincias. Entre este 60% que fue a las provincias se observa que:

• La provincia de Buenos Aires recibió el equivalente a $21 mil por habitante.
• La Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibió $28 mil por habitante.
• El resto de las provincias recibió en promedio $48 mil por habitante.

Estos datos muestran el primer indicio del desorden de la coparticipación. La provincia de Buenos Aires recibe por habitante menos de la mitad de lo que reciben el resto de las provincias. La Ciudad de Buenos Aires, que ahora sería perjudicada con la quita, también recibe menos que el resto. Pero entre el resto de las provincias también hay muchas arbitrariedades. Por ejemplo, Córdoba, Santa Fe y Mendoza reciben unos $35 mil per cápita, cuando Santa Cruz recibe $66 mil y Tierra del Fuego $108 mil. Provincias con similar nivel de atraso, como Jujuy y Formosa, reciben $55 mil y $90 mil, respectivamente.

La arbitraria distribución de la coparticipación es solo una parte de la mala organización del federalismo. La otra fuente de inequidad e ineficiencia es la forma en que se asigna el presupuesto nacional. Por ejemplo, si bien la Ciudad de Buenos Aires recibe relativamente poca coparticipación, es la más beneficiada con el gasto público nacional. La Nación a la Ciudad de Buenos Aires le paga la Justicia, la seguridad (con Gendarmería y Prefectura nacionales), obras de infraestructura (agua, cloacas y calles) y el subsidio al transporte público (trenes y colectivos). Es más, con la Ley de Solidaridad se revirtió el avance del anterior gobierno, que había eliminado los subsidios nacionales a la electricidad, gas y agua en la Ciudad de Buenos Aires, y sumó un beneficio adicional más para la Ciudad.

La interrelación entre Nación y provincias está plagada de hipocresía y oportunismo. Por un lado, se declama la imposibilidad de avanzar en una reforma de la coparticipación que la Constitución estableció en forma expresa y con plazo. Por el otro, sin debate ni mucho menos transparencia, se toman decisiones que redistribuyen enormes masas de recursos entre jurisdicciones. Esto genera réditos políticos para quien detenta el poder, pero produce enormes costos sociales y económicos. El desorden del sector público tiene origen en esta perversa forma en que se administra el federalismo.

Una nueva coparticipación debería respetar tres principios. El primero es que cada jurisdicción reciba los impuestos que sus habitantes pagan. El segundo es que, para compensar asimetrías regionales, la coparticipación pase a ser un fondo interprovincial donde las provincias más ricas aporten parte de lo que sus habitantes tributan para subsidiar a las más pobres. El tercer principio es que los fondos públicos nacionales no puedan ser usados para dar “ayudas” a las provincias a cumplir con sus funciones, dado que ya recibieron sus propios recursos y las asimetrías regionales ya fueron compensadas.