Sigue pendiente el ordenamiento del Estado

El gobierno nacional presentó al Congreso el proyecto de presupuesto 2019. El rasgo más destacado es que se adopta la meta de déficit primario cero. Para llegar a este objetivo se proyectan ingresos que crecerían un 42% respecto de los estimados para el 2018, mientras que los gastos primarios (es decir, sin computar los intereses de deuda) lo harían al 25%. De todas formas, una vez que se computan los pagos de intereses, el déficit total para el 2019 asciende a $600 mil millones, representando el 16% de los ingresos totales.

Ante la gravedad de la crisis que se está enfrentando deja de ser prioritario dilucidar en qué proporción el fracaso es atribuible a errores en el diseño y la estrategia que venía aplicando el gobierno o a factores exógenos (sequía, Turquía, Trump, etc.). Más conducente es analizar si el ajuste que plantea el gobierno responde al formato tradicional o tiene elementos distintivos que apuntan no solo a salir de la emergencia sino también a establecer las bases para un crecimiento sostenido.

La proyección de inflación que el gobierno hace para el 2019 es de 35%. Los ingresos crecerán 7% más que los precios fundamentalmente por el aumento en las retenciones, la reducción de reintegros y la suspensión del cronograma que amplía el uso del impuesto al cheque como pago a cuenta de ganancias. Por el lado de los gastos se proyecta que:

• El pago de intereses de deuda crecerá 10% en términos reales.
• El pago de jubilaciones y pensiones aumentará 1% en términos reales.
• La inversión pública crecerá en términos nominales un 5% lo que, corregido por inflación, equivale a una caída del -22% en términos reales.

Estos datos sugieren que el ajuste que impulsa el gobierno no tiene elementos muy diferentes a los que se aplicaron en el pasado. Un rasgo distintivo es que no se apela a ahorrar licuando haberes previsionales ya que se propone respetar la ley de movilidad previsional. La contrapartida son recortes mucho más fuertes en otros componentes de los gastos (fundamentalmente obra pública) y aumento en la presión tributaria. Aun así, si bien se lograría el equilibrio primario, el desequilibrio total seguiría siendo muy alto debido a los intereses. Esto implica que no se podrá evitar que se siga acumulando deuda pública y, por ende, incrementándose el pago de intereses.

Tanto por el lado de los ingresos como de los gastos la mayoría de las medidas son  paliativos transitorios que van en contra de una estrategia de crecimiento sostenido. Para reforzar los ingresos públicos se apela a impuestos muy distorsivos que desalientan las exportaciones. Esto no sólo conspira contra el crecimiento productivo sino que será insostenible apenas el mercado cambiario tienda a normalizarse. Por el lado de los gastos que el ajuste se centre en la inversión en infraestructura demuestra que se priorizan objetivos de corto plazo.

Frente a la crisis, es mejor reaccionar que permitir pasivamente que se siga profundizando. Pero limitarse a un ajuste tradicional sin abordar medidas más ambiciosas e innovadoras en el ordenamiento del Estado tiene riesgos de repetir frustraciones. Igual de simplistas son los planteos que toman como eje central y excluyente un nuevo régimen cambiario. No hay administración cambiaria (dolarización, convertibilidad, tipo de cambio indexado, etc.) que lleve a buen puerto si el sector público mantiene su propensión al alto desequilibrio, a los malos impuestos y a derrochar masivamente recursos públicos.

Para salir de la decadencia es clave asumir como decisión estratégica que la Nación deje de inmiscuirse en funciones que son de las provincias y los municipios. Si bien el presupuesto 2019 disminuye las partidas, todavía se preservan $125 mil millones de gastos en educación, salud, desarrollo social, vivienda y agua y saneamiento que corresponde a las provincias. Otro tema crucial es abordar una reforma previsional que le dé equidad y sustentabilidad al sistema jubilatorio. Finalmente, hay que darle la prioridad que merece a la mejora de la administración tributaria y el rediseño de la estructura impositiva.