Sobran recursos para alcanzar “Pobreza Cero”

El rechazo al voto electrónico y el acuerdo para aumentar el gasto asistencial con la “Emergencia Social” son dos triunfos del conservadurismo político que brega por sostener esquemas de poder feudales. Si todos los recursos que se asignan a programas asistenciales llegaran a las familias de más bajos ingresos, no habría ningún hogar debajo de la línea de pobreza. Por eso, para alcanzar el objetivo de “Pobreza Cero” no se necesita más asistencialismo sino mejor institucionalidad.

El Congreso rechazó el proyecto de reforma política. La iniciativa proponía implantar el voto electrónico en sustitución del obsoleto esquema basado en boletas de papel. Se buscaba ir hacia un mecanismo de votación más económico, ecológico, ágil para el escrutinio y controlado, pero fundamentalmente menos vulnerable al fraude y a las prácticas clientelísticas. En paralelo, la presión de las organizaciones piqueteras llevó al gobierno a ceder y promover la sanción de la “Emergencia Social”. Esto implica derivar a estas entidades fondos públicos del orden de los $30 mil millones.

Aunque parece que se trata de temas diferentes, en esencia, responden al mismo fenómeno. El rechazo a la reforma política y la presión por sostener el financiamiento de las organizaciones piqueteras preserva la lógica conservadora de acumular poder político en base al clientelismo.

El fenómeno más notable, y menos atendido, es el uso de la pobreza como argumento para bregar por más gasto asistencial. Para evaluar la pertinencia del reclamo sirve analizar los datos del INDEC y de los presupuestos estatales en ejecución en el año 2016. Según estas fuentes se estima que:

• Los ingresos que generan los hogares pobres –excluyendo lo que reciben como asistencia social desde el Estado– se estiman en unos en $7.100 mensuales.

• Las transferencias asistenciales que estos hogares necesitarían, por encima de los ingresos que ellos generan, para salir de la pobreza son unos $5.700 mensuales.

• El actual gasto asistencial de los Estados nacional, provinciales y municipales divido el total de hogares pobres es de aproximadamente $7.400 mensuales.

Estos datos muestran que la cantidad de recursos que se asignan a ayuda social excede el monto que se necesitaría para que los hogares pobres superen la pobreza. En términos aproximados, el Estado eroga en planes sociales más que los ingresos adicionales que los hogares de menores ingresos necesitan para salir de la pobreza. Por lo tanto, que 1 de 4 hogares siga en la pobreza no es un problema de insuficiencia de planes sociales sino una consecuencia de que estos fondos se desvían a otros destinos.

Para alcanzar la meta de “Pobreza Cero” no hace falta más dinero ni solidaridad sino mejor institucionalidad. El esfuerzo que hace la sociedad pagando impuestos para sostener el gasto social es más que suficiente. Pero estos recursos se administran a traves de más de un centener de programas, con groseras superposiciones, con diseños y gestión muy rudimentarios y niveles muy bajos de control. Esto resulta en que una porción grande de los recursos se derrocha en gastos administrativos, en la captura de los recursos por parte de los organizaciones piqueteras y en que muchos hogares siendo pobres no reciben la promoción social para salir de la pobreza.

Que los hogares pobres dependan de los recursos asistenciales tiene profundas implicancias institucionales. La tentación de usar el asistencialismo para someter voluntades es irresistible. El testimonio más ilustrativo es la conducta de las organizaciones piqueteras. Sus dirigentes se apropian de fondos publicos con el argumento de que defienden a los pobres para construir poder en base a la dependendencia que le imponen a sus seguidores.

El conservadurismo político apela a diferentes mecanismos de manipulación con el fin de mantener relaciones feudales. Uno es conservar un sistema electoral permeable al fraude. El otro es contar con personas resignadas a que su subsistencia dependa de la dádiva que administra el “puntero” político. Bajo estas condiciones, las instituciones democráticas quedan reducidas a meras formalidades. La modernización está supeditada a que se logre doblegar el fraude electoral y el uso de fondos públicos para sostener estructuras clientelares. De aquí la alta importancia de que la gente asuma que no se necesitan más recursos asistenciales sino mejor institucionalidad.