Solo 1 de cada 4 jefes de hogar es asalariado privado formal

Aún con los importantes logros en materia de crecimiento del empleo, el sector privado sigue teniendo una muy limitada capacidad para brindar puestos de trabajo de calidad. Por eso, la mayoría de los hogares vive directamente del Estado o de los ingresos generados en la informalidad que frecuentemente se complementan con programas asistenciales. Esta situación no se revierte con “sintonía fina” sino con una profunda modernización de las instituciones económicas y laborales, y una audaz reforma para profesionalizar al sector público.

En la última década se registró un fuerte crecimiento del empleo asalariado formal en el sector privado. Desde los apenas 3,5 millones de puestos de trabajo a que se había caído por la crisis del año 2002, se llegó a los 6,2 millones de empleos asalariados formales en el año 2011. Aunque recientemente este crecimiento tendió a desacelerarse, es altamente significativo un crecimiento del 77% entre los años 2002 y 2011. El incremento del empleo privado formal se debió, fundamentalmente, a que el salario real había quedado muy deprimido con la megadevaluación del año 2002 y al crecimiento sostenido de la actividad económica durante toda la década, gracias a la inédita bonanza económica internacional.

Un interrogante de relevancia es indagar sobre el impacto que esta mayor cantidad de empleos privados formales tuvo sobre la situación social. Tomando datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, la cual contiene información correspondiente a los 31 aglomerados urbanos más grandes del país, en el año 2011 se identificaron unos 7,8 millones de hogares urbanos que según la inserción laboral de sus jefes de familia pueden agruparse de la siguiente manera:

– 1,9 millones de hogares (25%) tienen como jefe de familia a un trabajador que ocupa un puesto como asalariado formal en el sector privado.

– Otros 3,2 millones de hogares (41%) tienen como jefe de familia a un asalariado informal privado, un no asalariado, un desempleado o un inactivo no jubilado.

– Los restantes 2,7 millones de hogares (34%) tienen como jefe de familia a un empleado público o a un jubilado.

Estos datos muestran que la gran mayoría de los hogares tiene como principal fuente de ingresos –entendiéndose por tal al jefe de familia– a un trabajador informal, un no asalariado, un empleado público o a un jubilado. En un marcado contraste, aparece que apenas 1 de cada 4 hogares tiene como jefe de familia a un asalariado registrado en el sector privado.

Si bien en las familias hay segundos generadores de ingresos –cónyuges e hijos en edad de trabajar–, en general, el tipo de inserción laboral de estos miembros familiares es muy similar al de los jefes de hogar. Es decir, sólo un cuarto de los cónyuges e hijos mayores que generan ingresos lo hace a través de un empleo asalariado formal en el sector privado. El resto, es un trabajador informal, un no asalariado, un desempleado, o bien, un empleado público o un jubilado que dependen directamente del Estado.

Estas evidencias desnudan las fuertes limitaciones que tiene el sector privado para generar suficientes puestos de trabajo formales. Por esto, reformas estructurales que apunten a multiplicar la creación de nuevas empresas privadas y expandir el tamaño de las existentes, induciendo una mayor capacidad para generar empleos privados de calidad, deberían ser parte central de la agenda de políticas prioritarias y urgentes. Estas reformas no sólo deben promover la inversión y la innovación sino avanzar en la modernización de las instituciones laborales y tributarias para promover el empleo formal, en lugar de penalizarlo como sucede con la legislación actual.

Las reformas para el sector privado deberían ser complementadas con una profunda reforma del Estado. Si un 34% de los hogares depende del Estado (los empleados públicos y los jubilados) y otro 41% (los jefes de hogar informales) tiene ingresos magros e inestables que, en muchos casos, complementan con transferencias asistenciales es evidente que el sector privado argentino es demasiado pequeño para generar un proceso sostenido de progreso social. En tanto, el sector público argentino no sólo que no favorece el desarrollo del sector privado sino que cercena las posibilidades para que las empresas privadas generen riqueza y puestos de trabajo de calidad.

Más que “sintonía fina” se necesita un profundo y audaz proceso de modernización institucional. El progreso social requiere un sector privado mucho más ferviente y dinámico, acompañado por un sector público mucho más profesional y abocado a coordinar –no combatir, ni agredir– acciones con el sector privado para generar riqueza y prosperidad.