Sólo el 2% del presupuesto de la Armada va a inversiones

Las posibilidades de rescatar con vida a los tripulantes del submarino ARA San Juan se desvanecen. De no mediar un milagro, los especialistas sostienen que el devenir de la nave habría sido el de una tragedia. Fueron muy valiosos y emotivos los esfuerzos realizados por argentinos y la solidaridad de fuerzas militares y civiles especializadas de muchos países que, incluso dejando de lado diferencias entre ellos, desplegaron recursos y esfuerzos logísticos para colaborar en la búsqueda.

El desaventurado destino de la nave militar induce a la reflexión y a un análisis crítico sobre la situación de las fuerzas armadas. Las fallas y las debilidades de gestión son muy visibles y es natural tender a asociarlas con la profunda crisis en que cayeron las fuerzas armadas luego del último golpe militar.

Sin perjuicio de la posible validez de este argumento resulta pertinente adentrase en la forma en que se administran los recursos asignados. Según el Presupuesto 2018, la Armada tendrá un presupuesto total de $21 mil millones que será distribuido de la siguiente manera:

• El 88% se destinará al pago de salarios.
• Otro 10% se asignará a la compra de insumos.
• Sólo un 2% se aplicará a inversiones de los cuales sólo la mitad será en maquinaria y equipos.

Estos datos, aunque parciales y superficiales, sugieren el estilo de gestión prevaleciente. La Armada opera como una institución concentrada en pagar salarios. El presupuesto asignado a inversiones es muy limitado y el componente destinado a maquinaria y equipos, que es el más asociado a la modernización tecnológica, es marginal (del orden del 1% del presupuesto). Bajo estas condiciones, contrarias a una fuerza militar moderna –por ejemplo, en Estados Unidos los salarios absorben sólo un tercio del gasto militar–, las limitaciones y debilidades presentes en la gestión logística y militar no deberían sorprender.

Lamentablemente está situación no es excepcional sino la regla dentro del sector público argentino. Por la magnitud de las dotaciones de personal y los niveles remuneratorios superiores al sector privado en puestos y calificaciones similares, los organismos públicos terminan asignando la mayor parte de sus presupuestos a gasto salarial. La contrapartida es la escasez de recursos para la compra de insumos y la postergación de inversiones. Por ejemplo, es común que en el sector de la educación estatal el gasto en personal (docente y de apoyo) represente el 90% del presupuesto, haciendo que la falta de material de enseñanza sea crónica y las inversiones tecnológicas y edilicias episódicas y generalmente por la vía de donaciones. Situación análoga se observa en el sector de la salud pública donde la masa salarial también ocupa más del 90% del presupuesto conviviendo con la falta crónica de insumos y de equipamiento moderno.

Tomar como prioridad sumar empleados y aumentar sus remuneraciones es el principal factor que explica la incapacidad del Estado para dar buenos servicios. Una organización tan concentrada en sus empleados, al extremo de descuidar insumos e inversión, no puede ofrecer servicios de calidad. Personal sin insumos es improductivo y la escasa inversión hace que no haya innovación y adopción de nuevas y buenas prácticas. La situación no se resuelve aumentando el presupuesto. Esto no hace más que alimentar la enorme presión de mucha gente por ingresar al Estado lo que lleva a que se termine priorizando el incremento en la dotación de empleados en lugar de su profesionalidad.

Los tripulantes del submarino son más víctimas que héroes. El desencadenante no fue un acto de arrojo por ideales supremos sino un viaje de rutina que terminó en tragedia por un entorno signado por la inoperancia, la falta de previsión y los medios obsoletos. No es una situación excepcional sino un caso extremo y visible de los daños que diariamente genera el mal funcionamiento del Estado. Muchas más y anónimas son las victimas que sufren las consecuencias de un sector público capturado por los intereses sectoriales.