Subsidios a AYSA son social y geográficamente regresivos

La inversión de recursos públicos para promover el acceso a servicios de agua y saneamiento tiene altos dividendos sociales. Esto no se está logrando con la enorme masa de subsidios que desde el Tesoro nacional se asigna a AySA. Por un lado, porque gran parte de estos recursos son usados para sostener el congelamiento de la tarifa a población con alto poder adquisitivo. Por el otro, porque la cobertura se limita a la Ciudad y el Gran Buenos Aires discriminando a los ciudadanos que viven en el interior del país. 

La empresa AySA envió una nota a IDESA donde se hacen una serie de consideraciones en relación al Informe Nacional N° 483 (“Aerolíneas y AySA cuestan casi como la asignación por hijo”). La nota confirma que en el año 2012 la empresa recibió del Tesoro Nacional $5.491 millones y agrega que recibió un total de $11.560 millones en los últimos años. Esto, según la empresa, permitió ampliar la cobertura a 303 mil hogares en la red de agua potable y 221 mil hogares a la conexión de cloacas. La nota también afirma que sólo el 10% de los usuarios de la región metropolitana han dejado de percibir subsidios. Confirma lo que señala el Informe de IDESA: una parte importante de los recursos fiscales son usados para subsidiar la tarifa de agua y cloaca de las personas que viven en Buenos Aires.

Invertir en conexión a la red de agua potable y cloacas es una acción en la dirección correcta. Sin embargo, no alcanza para justificar los subsidios a AySA. Un indicio del regresivo impacto de estos subsidios surge al comparar la evolución de la tarifa en distintas áreas geográficas. Por ejemplo, entre los años 2002 y 2012 –periodo en el cual los precios al consumidor se multiplicaron aproximadamente por 5– las tarifas de agua y saneamiento tuvieron el siguiente comportamiento:

·  El 90% de los usuarios de la Ciudad y Gran Buenos Aires al que no se le retiró el subsidio –según señala AySA–, nunca tuvo ajuste de tarifa.

·  En la Ciudad de Córdoba, la tarifa de agua se multiplicó, en promedio, por 3.

·  En el interior de la Provincia de Córdoba la tarifa se multiplicó, en promedio, por 3,6.

Estos datos muestran que el congelamiento de tarifas en la región metropolitana –en un contexto de intensos y generalizados aumentos de precios– es un privilegio no extendido a todos los habitantes del país. Los cordobeses, por ejemplo, pagan entre 3 a 4 veces la tarifa que tenían hace 10 años atrás, mientras que los porteños pagan la misma tarifa. Semejante asimetría solo se puede explicar por los subsidios que recibe AySA del Tesoro Nacional y que no reciben los proveedores de agua y saneamiento del interior del país.

La carta de AySA a IDESA también señala que cada peso que se invierte en agua y saneamiento genera un ahorro de 8 pesos de gasto en atención hospitalaria. Asimismo, afirma que constituye una de las herramientas más eficaces para la erradicación de la pobreza, la reducción de la mortalidad infantil, el combate a las enfermedades de origen hídrico y el medio ambiente. Aplicando estos argumentos a todo el escenario nacional, se confirma que grandes dividendos sociales se obtendrían si no se distrajeran fondos públicos para que AySA no ajuste sus tarifas. Esto se explica por dos motivos.

En primer lugar, la inversión realizada por AySA en el Gran Buenos Aires es insuficiente. Los datos del Censo 2010 señalan que el 33% de los hogares (más de 900 mil) no tiene agua de red y el 59% (1,7 millones de hogares) no tiene cloacas. Bajo ningún criterio de racionalidad ni equidad se justifica usar fondos públicos para congelar la tarifa de la Ciudad cuando el  Gran Buenos Aires sufre tamaña precariedad sanitaria.

En segundo lugar entra la discriminación contra el interior del país. Según el Censo 2010, en el interior del país el 21% de las viviendas no tiene conexión a red de agua potable y el 49% no tiene cloacas, con niveles de cobertura incluso inferiores a los del Gran Buenos Aires. Resulta muy injusto que, con fondos federales, se sostenga el congelamiento de la tarifa de la Ciudad y se realicen obras en el Gran Buenos Aires, cuando en el interior del país quienes tienen servicios de red pagan tarifas mucho más altas y una enorme proporción carece de cobertura debido a la falta de inversión.  

Una política sanitaria racional y equitativa demanda un fuerte impulso en la inversión en agua y cloacas en todo el país. Por la magnitud del desafío hay que sumar esfuerzos públicos y privados. Como principio general, la inversión y los gastos operativos se deben financiar con la tarifa. Los subsidios no deben dirigirse a las empresas sino a la cuenta de las familias pobres para cubrir parte de su tarifa. De esta forma, la población financia la inversión y el gasto corriente del servicio y los fondos públicos se focalizan en la tarifa social.

Descargar nota de AySA a IDESA (haciendo click): NOTA