Informe Nº: 43715/04/2012
La Argentina se apresta a ejecutar otra re-estatización. El justificativo, en este caso, es que con el cambio en la propiedad de YPF se revertiría el déficit energético. Se esta obviando que la grave crisis energética es la consecuencia de políticas deficientes y no del carácter privado del principal operador. Aunque en otras partes del […]
La Argentina se apresta a ejecutar otra re-estatización. El justificativo, en este caso, es que con el cambio en la propiedad de YPF se revertiría el déficit energético. Se esta obviando que la grave crisis energética es la consecuencia de políticas deficientes y no del carácter privado del principal operador. Aunque en otras partes del mundo empresas públicas son manejadas profesionalmente, en la Argentina la experiencia –incluso la más reciente– demuestra que esto no ocurre. Peor aun, las ineficiencias, privilegios y corrupción que cobijan las empresas estatizadas insumen una enorme masa de recursos públicos que podrían tener un mucho mejor uso y un alto impacto en un plan serio de inclusión social.
El déficit energético en Argentina es motivo de alta preocupación. De ser un país tradicionalmente superavitario, se ha pasado a un déficit creciente. Según el Ministerio de Economía en el año 2004 se exportaban U$S 6 mil millones en combustibles y se importaba por U$S 1 mil millones. En el año 2011, el país se mantuvo exportando por U$S 6 mil millones pero las importaciones treparon a U$S 9 mil millones. Así, se llega a un déficit externo de US$ 3 mil millones en combustibles. Esta situación, más la creciente escasez de divisas, brindan el marco para que el Gobierno Nacional proponga estatizar YPF.
No es la primera vez que se apela a la estatización en respuesta a una crisis. Bajo argumentos análogos se decidió, entre otras, crear la petrolera estatal ENARSA, estatizar AYSA y apropiarse de Aerolíneas Argentinas. Lo cierto es que la gestión pública sobre estas empresas muestra muchas debilidades; una de las que se explicita con mayor objetividad es la necesidad de recibir asistencia del Estado. En tal sentido, según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) estas nuevas empresas estatales vienen recibiendo subsidios de magnitudes crecientes llegando, en el año 2011, a:
Esta información muestra que el rasgo común entre las empresas que en los últimos tiempos el Estado creó o estatizó es que la sociedad, con sus impuestos, debe subsidiarlas. Sólo entre ENARSA, AYSA y Aerolíneas Argentinas en el año 2011 el Estado erogó $17.958 millones. Este monto representa el doble de lo que el Estado nacional asignó a la Asignación Universal por Hijo en el mismo periodo ($9.037 millones) o casi cuatro veces lo que asignó a vivienda social ($4.879 millones).
La experiencia y la teoría señalan que la titularidad de la empresa no define su eficiencia ni su capacidad de producción. Muy por el contrario, lo relevante es el entorno regulatorio y el profesionalismo de su gestión. Como en la Argentina no se cumple con ninguna de las dos condiciones, las empresas públicas están condenadas al fracaso.
La actual crisis energética esta asociada a malas reglas de juego. Controles de precios en un entorno altamente inflacionario naturalmente desalientan la producción y exacerban el consumo. A esto se suma el desorden más general donde una multiplicidad de conflictos laborales (algunos internos, otros externos) llevan a reiterar la paralización de la actividad petrolera con enormes costos económicos. Bajo estas condiciones, resulta irrelevante si la empresa pertenece a un grupo español o al Estado argentino.
Por el contrario, de alta relevancia resulta la tentación de usar en beneficio propio fondos públicos al amparo de que el Estado cubre los déficits. Ejemplos concretos son ENARSA, AYSA y Aerolíneas Argentinas donde abundan las sospechas de nepotismo, derroche y captura por intereses espurios (políticos, sindicales, de proveedores, etc.). Es cierto que no en todos los países se producen estos fenómenos (Brasil y Chile, con modelos económicos diferentes, tienen empresas públicas profesionales, rentables y competitivas), pero en la Argentina los antecedentes resultan muy contundentes.
Es difícil imaginar una estrategia más regresiva que la de usar fondos fiscales para financiar derroches en las empresas publicas. Si no se tuviera que subsidiar a ENARSA, AYSA y Aerolíneas Argentinas se podría duplicar los recursos asignados a la asignación por hijo o cuadriplicar la construcción de viviendas sociales. Más allá de cuán “estratégica” sea la finalidad de estas empresas públicas, lo cierto es que no hacen algo que un privado no pueda hacer; en cambio, a los pobres sólo el Estado está en condiciones de atender.
