Informe Nº: 62508/11/2015
Sin un ordenamiento de las cuentas públicas no hay posibilidad alguna de instrumentar la mayoría de las propuestas que se prometen en la campaña electoral. Más importante aún es que tampoco se podrá salir del estancamiento, inestabilidad y especulación financiera. Dentro de los diferentes componentes del gasto público es claro que la mayor irracionalidad reside […]
Sin un ordenamiento de las cuentas públicas no hay posibilidad alguna de instrumentar la mayoría de las propuestas que se prometen en la campaña electoral. Más importante aún es que tampoco se podrá salir del estancamiento, inestabilidad y especulación financiera. Dentro de los diferentes componentes del gasto público es claro que la mayor irracionalidad reside en los subsidios económicos.
Sin grandes diferencias entre candidatos, la campaña electoral gira en torno a propuestas tales como reducir impuestos, aumentar las jubilaciones, eliminar el “cepo” cambiario, recuperar competitividad de las economías regionales, incrementar la inversión en infraestructura, distribuir más recursos con las provincias y reforzar los presupuestos de seguridad, salud y educación. Se trata de propuestas bien intencionadas pero que no son posibles de ser instrumentadas en el actual contexto fiscal.
Se estima que en la primera mitad del año 2015 el déficit fiscal ya ascendía a 4,2% del PBI. Si no se contabilizan como ingresos las transferencias del Banco Central, ANSES y otros organismos, el desequilibrio llega a 6,2% del PBI. La situación tiende a empeorar ya que el gasto público nacional viene creciendo al 39% interanual, mientras que los ingresos públicos lo hacen al 30% anual.
Aunque el desmanejo del sector público es generalizado, para diseñar estrategias de reducción del gasto público es necesario analizar su composición. En tal sentido, según datos del Ministerio de Economía y de la ASAP se observa que:
Estos datos muestran que los subsidios que otorga el gobierno para evitar aumentos en las tarifas de electricidad, gas y transporte y soportar el déficit de las empresas públicas representan un volumen similar al total del déficit fiscal (4% del PBI). Esto señala la importancia de reducir este componente del gasto público. Especialmente porque, si bien se puede generar ahorros en otras áreas con una administración más profesional y austera, en general, por su importancia social (jubilaciones, subsidios sociales) o su carácter estratégico (inversiones públicas) en estos componentes los márgenes son más limitados.
Los subsidios a los servicios públicos y a los déficits de las empresas públicas resultan, además, muy cuestionables desde la perspectiva ética que debe prevalecer en una República. Una mansión en zonas residenciales de la región metropolitana accede de manera ilimitada y a valores irrisoriamente bajos a los servicios de agua, cloaca, luz y gas. En sentido contrario, las familias que viven en la periferia de las ciudades del interior del país en la mayoría de los casos no tienen cloacas ni gas de red y pagan por los servicios de luz y agua valores que se aproximan al costo completo de producción del servicio. Más injusto y contaminante desde el punto de vista institucional es derivar recursos de los ciudadanos a las empresas públicas para financiar corrupción y soportar una estructura parasitaria de militantes, parientes y amigos que viven del Estado.
Seguramente que quienes arman las estrategias electorales recomiendan a los candidatos no hablar de “tarifazo”, rechazar de plano la idea o acusar al contrincante de orquestarla. Este planteo, paradójicamente implica avalar que los más ricos sigan disfrutando los servicios a costos artificialmente bajos e imponer a los más pobres el sacrificio de negarles el acceso a estos servicios o hacerles pagar valores cercanos a sus verdaderos costos. Es difícil imaginar una política más injusta y regresiva.
La menos mala de las alternativas para abordar la reducción del gasto público es reducir los subsidios económicos. Para ello es imprescindible sincerar las tarifas junto con un mecanismo de tarifas sociales en beneficio de los hogares más pobres. La peor es que el próximo gobierno intente mantener este irracional esquema de subsidios. Esto fatalmente llevará a que la corrección del exceso de gasto público sea por medio de un golpe inflacionario que licue jubilaciones, salarios, subsidios sociales e inversión pública.
