Subsidios y moratorias explican 40% del crecimiento del gasto.

Gran parte del inédito crecimiento del gasto público nacional del último quinquenio es producido por los subsidios a las empresas públicas y privadas, y por las jubilaciones otorgadas a personas que no hicieron aportes. Estos mecanismos implican desviar una gran cantidad de fondos públicos en beneficio de población de ingresos medios y altos, y de la burocracia, los intermediarios y la corrupción. Este es uno de los motivos que explican porqué, aun con presión impositiva récord, no mejoran los servicios del Estado ni tampoco se logra reducir la pobreza.
 
Los datos sobre el estado de las cuentas públicas en el año 2010 difundidos por la Secretaría de Hacienda confirman que la situación fiscal es precaria. El resultado financiero del sector público nacional –es decir, la diferencia entre los ingresos y el gasto público total– fue positivo en unos $3 mil millones, equivalente a aproximadamente 0,2% del PBI. Sin embargo, sin considerar las transferencias que provienen básicamente del Banco Central y de la ANSES, las cuales ascienden a $32 mil millones, el resultado es un déficit de unos $29 mil millones o sea -2% del PBI. Es decir, el superávit de las cuentas públicas es generado fundamentalmente por rentas nominales que desaparecerían si, como corresponde, se midieran en términos reales descontando el efecto de la inflación.
En materia de ingresos públicos, la presión impositiva alcanzó niveles récord. De manera que para explicar la precariedad fiscal hay que considerar la dinámica del gasto público. Según datos de la Secretaría de Hacienda y estimaciones preliminares propias en base a datos de la ASAP es posible observar las siguientes tendencias:

• En el año 2005, el gasto público nacional representaba el 19% del PBI.
• En el año  2010, las erogaciones públicas de la Nación alcanzaron al 30% del PBI.
• De los 11 puntos porcentuales del PBI que creció el gasto público 4,5 puntos porcentuales del PBI es lo que crecieron los subsidios a empresas públicas y privadas, y las erogaciones previsionales generadas por las moratorias.

Los datos oficiales muestran que el proceso de crecimiento del gasto público a ritmos superiores a los que creció la economía fue muy intenso. Más importante aun es que, casi la mitad del aumento en el gasto del sector público nacional, se explica porque a partir del año 2005 se empezó a practicar intensamente la política de otorgar subsidios a empresas privadas en compensación por los controles de precios y a las empresas públicas para financiarles sus déficits, y porque en ese mismo año se instrumentaron las moratorias previsionales a través de las cuales se vienen distribuyendo indiscriminadamente 2,4 millones de jubilaciones a personas que no hicieron aportes. Ambas medidas –subsidios y moratorias– absorben aproximadamente $75 mil millones de pesos.
La experiencia internacional muestra que el aumento de las erogaciones públicas no necesariamente tiene connotaciones negativas. Por el contrario, puede tener impactos muy positivos si es sostenido por mayor recaudación (asociada a mejoras en la política y administración tributaria) y es canalizado a aumentar la inversión en capital humano –como educación, salud, ciencia y técnica–, en mejoras de los servicios del Estado –seguridad, administración de justicia,  infraestructura– y a paliar las situaciones de pobreza.
Este no es el caso de la Argentina. El crecimiento del gasto se financia con impuestos muy regresivos y distorsivos, y el aumento del gasto se asigna a fines que no ayudan al progreso social. Parte de los subsidios a empresas beneficia a sectores económicamente vulnerables (por ejemplo, cuando familias pobres pagan tarifas subsidiada para el transporte urbano) pero la mayor porción termina siendo aprovechada –involuntariamente– por segmentos de la población que están en condiciones de pagar el verdadero costo de los servicios públicos o por los interés espurios que pululan alrededor de las empresa publicas. Las moratorias previsionales atendieron situaciones de personas mayores sin cobertura previsional. Pero la mayoría benefició a familias de ingresos medios y altos, incluso asignando un segundo beneficio a gente que ya tenía cobertura (pensionados, jubilados provinciales, cónyuges de jubilados). En este caso, muchos fondos públicos se canalizaron en honorarios para los gestores que ofrecen sus servicios bajo la promoción de que ellos tienen la llave para alcanzar el “Jubílese Gratis”.  
Esta composición en el crecimiento del gasto público es el principal factor que explica porqué, aun pagando más impuestos que nunca, la Argentina sigue sin ingresar a una senda de desarrollo social sostenido. También alerta sobre los enormes desafíos a futuros ya que muchos de estas erogaciones son muy difíciles de revertir en el corto plazo. Las jubilaciones otorgadas con las moratorias constituyen un derecho adquirido y el sinceramiento de los precios va a ser un proceso muy complejo y conflictivo.