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Coparticipación federal



La Nación gastó $28 mil millones en funciones de las provincias

La incapacidad para llevar a la práctica el consenso sobre la necesidad de sancionar un nuevo sistema de coparticipación demuestra que hay que cambiar de estrategia. Seguir reduciendo el tema a una puja de porcentajes entre jurisdicciones garantiza perseverar en el fracaso. En cambio, eliminando superposiciones de roles entre la Nación y las provincias puede abrir espacios de acuerdo político que faciliten una mejor organización del Estado.

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Subsidios son más que el reclamo por el fondo del Conurbano

La Provincia de Buenos Aires planteó ante la Corte Suprema un cuestionamiento por el Fondo del Conurbano. Argumenta discriminación respecto al resto de las provincias en la distribución de una parte del impuesto a las ganancias. No menos discriminador contra el resto de las provincias es que con recursos nacionales se subsidien los servicios públicos de los habitantes del conurbano. La acumulación de arbitrariedades es tan grande que la Justicia no las va a poder resolver. Se necesita un replanteo integral de roles entre Nación, provincias y municipios.

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15% de la masa coparticipable no fue a jubilados

A través de un decreto de necesidad y urgencia el gobierno generalizó el fallo de la Corte suspendiendo la derivación del 15% de la masa coparticipable con destino a la ANSES. Haberse apropiado indebidamente de esos fondos durante una década y arrebatadamente suspender la derivación antes de dejar el poder es una conducta mendaz. De todas formas, dado que esos recursos no eran utilizados para pagar jubilaciones, el tardío fallo y el decreto pueden ser la oportunidad para dar más racionalidad, profesionalismo y ética al manejo del sistema previsional.

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Solo 1 de cada 3 pesos de recaudación va a las provincias

La descentralización y el respecto por las autonomías locales es una tendencia global que bien instrumentada tiene enormes ventajas, además de ajustarse a lo que manda la Constitución Nacional. Pero planteos de este tipo pierden credibilidad cuando provienen de una administración que ha basado su gestión en la concentración y la arbitrariedad. Antes de pensar en trasladar la capital es necesario clarificar roles entre jurisdicciones nacional y provincial y sancionar un sistema coherente de coparticipación federal de impuestos.

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