Coparticipación
Actualmente, las provincias del norte tienen 22% de la población y reciben el 34% de la coparticipación. La CABA y la provincia de Buenos Aires tienen 45% de la población y reciben el 25% de la coparticipación. En Argentina nunca se va a rediscutir una nueva coparticipación.
El gobierno propuso reducir la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires y restablecer los subsidios nacionales para los servicios públicos en esa jurisdicción. Esta contradicción es la consecuencia de seguir posponiendo un debate transparente sobre la coparticipación que le dé equidad y eficiencia al federalismo. (más…)
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En una decisión tan justa como tardía la Corte Suprema falló a favor de las provincias en el reclamo de devolución del 15% de la masa coparticipable. Con esta decisión el deterioro de las cuentas públicas supera al del año 2001. Desde el punto de vista institucional emitir este fallo en la transición política es asimilable a la actitud de un grupo de diputados que sancionaron arteramente más de 90 leyes para entorpecer la gestión del próximo gobierno.
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Las manifestaciones de disconformidad de la población –más allá de que se canalicen contra el oficialismo o la inacción de la oposición–, en el fondo delatan la incapacidad para generar instituciones racionales y equitativas. Un ejemplo concreto es la degradación de la relación entre la Nación y las provincias. Según la Constitución Nacional de 1994, antes del año 1996 debía sancionarse una nueva ley de coparticipación federal. Pero la desidia y el oportunismo generaron las condiciones para una centralización extrema que es la fuente de las arbitrariedades.
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Algunas provincias están intensificando el reclamo para que se deje de derivar el 15% de la masa coparticipable a la ANSES. El fundamento del reclamo es que esa disposición dejó de tener sustento cuando se eliminó el régimen de capitalización. Sin embargo, la situación financiera de la ANSES es tan precaria que devolver esos recursos a las provincias le implicaría entrar nuevamente en déficit operativo. La solución no pasa por mantener la situación y seguir degradando el federalismo sino en replantear la política previsional y cumplir con el mandato constitucional de acordar una nueva ley de coparticipación federal.
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Datos referidos al primer semestre del año confirman que el crecimiento de la recaudación impositiva se desacelera y, con ello, los recursos que automáticamente se transfieren a las provincias. El cambio no es abrupto y, por lo tanto, sus consecuencias no deberían generar grandes dificultades. Sin embargo, la dinámica fiscal de un gasto público que no cesa de crecer, montada en el marco de un contexto internacional inéditamente favorable, no es sostenible. De no mediar un cambio de estrategia, las dificultades que exterioriza la Provincia de Buenos Aires deberían considerarse como el primer síntoma de una crisis fiscal más profunda y generalizada con riesgo de contagiar al resto del país.
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