Deuda pública
El gobierno presentó su propuesta de canje de deuda. El tema más importante no es si los acreedores se resignarán a aceptar la quita sino dilucidar si en el futuro no se volverá a caer en la insolvencia. El manejo de las cuentas públicas, antes y después del confinamiento, muestra que siguen los desequilibrios insostenibles. (más…)
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Al presentar las cuentas públicas del año 2017 las autoridades económicas destacaron la reducción del déficit primario. Se trata de un logro importante pero relativo ya que no alcanza para compensar el aumento en el pago de intereses. Esto muestra que el ritmo de gradualismo adoptado es inconsistente. Para mejorar se requiere profundizar el federalismo y una reforma previsional integral. (más…)
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El proyecto de Presupuesto 2018 refleja el elogiado gradualismo en el ordenamiento del sector público. Esto obliga a mantener muy alta la presión tributaria y a apelar a un creciente endeudamiento. La estrategia es riesgosa porque exige seguir aumentando la deuda pública y socialmente costosa porque mantiene las causas que desalientan la inversión privada y la generación de empleos de calidad.
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El debate político suscitado en las negociaciones para terminar el conflicto con los “fondos buitres” está signado por posiciones arcaicas y desenfocadas. Esto alerta sobre los riesgos de que la reinserción en los mercados de crédito sea usada para prolongar un insostenible proceso de derroche de fondos públicos y altos déficits fiscales. Además, tan acuciante es la necesidad de financiamiento que resulta recomendable evaluar mecanismos que incentiven la repatriación de capitales.
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En otro paso por normalizar la economía, el gobierno presentó una propuesta formal para regularizar la deuda con los acreedores que rechazaron los canjes. Queda pendiente que sea aceptada por los tenedores de bonos y luego aprobada por el Congreso. Pero el desafío más importante y complejo es garantizar que las nuevas oportunidades que se abrirán con el financiamiento internacional sean utilizadas en infraestructura y no para cubrir sueldos y otros gastos corrientes.
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La irritación contra los fondos “buitres” obnubila el análisis y hace perder de vista que muchas decisiones internas generan compromisos fiscales más difíciles de cumplir que los fallos de la justicia de EEUU. Un ejemplo concreto son las moratorias previsionales. Las obligaciones asumidas con estas jubilaciones sin aportes implican un enorme aumento de la deuda pública. La mayor parte de estos recursos quedan en manos de gestores, burocracia estatal y, especialmente, gente de la tercera edad de hogares de ingresos medios y altos.
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Se enfatiza como logro importante el desendeudamiento argentino. Sin embargo, comparando con otros países de la región, la reducción de la deuda pública argentina es –en el mejor de los casos– modesta. De todas formas, lo más preocupante es que el desendeudamiento argentino se hizo en base a la destrucción de instituciones y con fuerte crecimiento de la deuda no registrada. La experiencia de otros países latinoamericanos enseña que se puede reducir deuda pública con políticas modernizadoras y racionales que contribuyen al desarrollo sostenido.
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La cancelación de los BODEN 2012 fue presentada –como ocurrió con la estatización de los ahorros previsionales, la apropiación de reservas del Banco Central y la confiscación de las empresas privatizadas– como otro eslabón en el proceso de desendeudamiento. La realidad es que la deuda pública nacional registrada todavía es superior a la de la década de los ’90 y la contabilidad pública no registra una gran cantidad de nuevos pasivos. Por eso, no es exagerado afirmar que el futuro está fuertemente condicionado por los compromisos que de forma muy poco prudente se están acumulando en estos años.
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