Impuesto a las ganancias
Resulta muy contradictorio declamar en favor de la equidad social y en simultáneo desplegar una tenaz resistencia a pagar el impuesto a las ganancias. En los países socialmente más avanzados se observan diferencias en los niveles de presión tributaria, pero en todos los casos hay preeminencia del impuesto a las ganancias. En Argentina, por el contrario, se paga poco impuesto a las ganancias y se castiga a los pobres con altos impuestos al trabajo y al consumo.
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Existe un amplio consenso en favor de desplegar estrategias que promuevan la cultura emprendedora. Esto está presente en los discursos pero no en las políticas públicas. Por eso prevalecen condiciones adversas que desalientan el nacimiento y desarrollo de nuevos emprendimientos. Entre las más importantes se destacan la enorme carga burocrática, la falta de infraestructura y un esquema tributario arbitrario que discrimina a los pequeños emprendedores.
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Con un alto impacto fiscal, se dispuso reducir la incidencia del impuesto a las ganancias. La decisión se tomó en el marco de un contrasentido entre la declamación por una mayor participación del Estado e igualdad social junto con un enconado rechazo a pagar impuestos, especialmente, el impuesto a las ganancias. Una alternativa más progresista a la de insistir con el impuesto a las ganancias es reducir las cargas sociales y el gasto público.
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En el marco de un vertiginoso aumento del gasto público y crecientes conflictos salariales el gobierno dispuso un nuevo cambio en el impuesto a las ganancias. Se trata de otro parche que implicará seguir aumentando la presión impositiva, la burocracia administrativa y las injusticias. Las reglas son tan complejas y arbitrarias que llevan a que con iguales ingresos se puede estar exento, pagar un monto reducido o pagar un monto muy elevado en concepto de impuesto a las ganancias.
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Los principales sindicatos organizan un paro en contra del impuesto a las ganancias a pesar de que la gran mayoría de los trabajadores no están alcanzados. Además, sin reducción del gasto público la pérdida de recaudación terminará recayendo como mayores impuestos sobre los más pobres. Un planteo alternativo es eliminar el despilfarro de fondos públicos y así generar el espacio fiscal necesario para reducir impuestos regresivos, como el inflacionario y las cargas sociales.
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El crecimiento descontrolado del gasto público exige aumento de impuestos y más emisión monetaria. Los sectores más acomodados presionan para reducir el impuesto a las ganancias, eludirlo a través de mecanismos de dudosa legalidad o cobrar un bono extraordinario que compense la inflación. La situación de los hogares más pobres es más grave porque sufren en plenitud la aceleración de la inflación. Para frenar este deterioro social es imprescindible reducir el crecimiento del gasto público, replantear prioridades y profesionalizar la gestión del Estado.
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El INDEC informó que la distribución del ingreso no empeoró, a pesar de que la calidad de los empleos viene cayendo y las remuneraciones aumentan menos que la inflación. El principal factor que explica este fenómeno es la creciente incidencia del impuesto a las ganancias sobre las remuneraciones más altas. Aunque la aspiración a que se reduzca la carga impositiva es legítima, para no caer en planteos reaccionarios previamente hay que reorganizar el sector público.
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Mientras oficialismo y gran parte de la oposición sigan avalando aumentos en el gasto público –como ocurrió con las estatizaciones y seguramente ocurrirá con la nueva moratoria previsional– es preferible que no se actualicen los mínimos no imponibles del impuesto a las ganancias ya que la alternativa será apelar más intensamente al impuesto inflacionario. Los pobres no pagan ganancias pero sufren la inflación. Por eso, las propuestas no deberían centrarse en reducir el impuesto a las ganancias sino en reducir el gasto público para así bajar la inflación.
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El gobierno dispuso la rebaja del impuesto a las ganancias a un grupo de asalariados compensando con aumentos de otros impuestos. La reforma es técnicamente pobre. Por un lado, reduce transitoriamente la presión impositiva sólo a algunos salarios, dado que la inflación volverá a elevarla rápidamente. Por el otro, propone crear nuevos impuestos que dejan a la Argentina desencajada en la competencia regional por nuevas inversiones. Lo más preocupante es que ni el oficialismo, ni la oposición dan muestras de tener ideas renovadoras.
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El Congreso Nacional es la institución pertinente para enmendar las fallas que adolece el sistema tributario, como por ejemplo la elevación espuria de la presión impositiva de ganancias. Por eso, las elecciones a legisladores nacionales brindan la oportunidad para comenzar a encontrar soluciones. Lamentablemente hasta ahora viene prevaleciendo la demagogia ya que se plantea reducir la incidencia del impuesto a las ganancias sin propuestas de reducción del gasto público que compensen la menor recaudación. Si menos impuesto a las ganancias redunda en más impuesto inflacionario, el remedio será peor que la enfermedad.
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