Inflación
La aceleración de la inflación insinúa el final de un ciclo de expansión basado en el estímulo al consumo. Se trata de una experiencia ya vivida en el pasado, cuya única particularidad en esta ocasión es que el ciclo fue más largo gracias al contexto internacional inéditamente favorable. Pero el final es similar: estancamiento del empleo y aumentos de salarios que no compensan la inflación. Para superar el agotamiento del modelo es fundamental un profundo ordenamiento del sector público y reglas que estimulen la inversión y la generación de empleos.
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El nuevo gabinete debuta impulsando otro aumento de impuestos. Aunque el argumento oficial es que se busca castigar consumos “suntuarios” que drenan divisas, en realidad es una continuidad del proceso que llevó la presión tributaria a niveles récords. Para reducir de manera genuina el déficit fiscal, la inflación y la fuga de divisas una estrategia alternativa es comenzar a desmantelar el perverso mecanismo de subsidios económicos a empresas públicas y privadas. Esto, además, permitirá preservar muchos empleos de calidad.
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Apelando a un instrumento de excepción –un Decreto de Necesidad y Urgencia– el gobierno explicitó el acelerado crecimiento del gasto público. El déficit fiscal es un potente generador de inflación que provoca inevitables presiones sobre el dólar. Más allá de que se adopten paliativos, como oficializar el desdoblamiento cambiario, la cuestión más importante y compleja es ordenar las cuentas fiscales. Agotada la alternativa de seguir aumentando la presión tributaria, no queda otro camino que reducir los subsidios a empresas públicas y privadas.
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El proyecto de Presupuesto 2013 es cuestionado por basarse en las estadísticas oficiales manipuladas. Dejando de lado este tipo de controversia, el proyecto delata que la inflación ha pasado a ser un problema central para el fisco. Aunque el aumento de precios siga generando crecimiento nominal de la recaudación, no llega a compensar el impacto que la inflación tiene como factor de expansión del gasto público a través de la indexación de jubilaciones y salarios de los empleados públicos. La inflación se ha convertido en un factor de expansión autónoma del gasto público y, con ello, de insolvencia fiscal.
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Los países europeos en crisis dirimen entre aplicar una reducción explícita y nominal de salarios y gasto público, o apelar a la inflación para realizar el mismo ajuste, pero a través de licuar las remuneraciones y el gasto del Estado. Esto último es lo que hizo la Argentina en los años 2002 y 2003 cuando aplicó una fuerte licuación de salarios vía inflación. Lamentablemente, las dificultades fiscales de las provincias y la pérdida de competitividad de las empresas sugieren que, sin un cambio de rumbo, la Argentina va camino hacia un nuevo ajuste.
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