Informe Nº: 57921/12/2014
El aumento de la inversión pública en educación no se tradujo en mejores resultados. Esto denota enormes deficiencias en la planificación y la gestión de la educación. Mientras que un número creciente de familias opta por las escuelas privadas, en las escuelas públicas se siguen contratando docentes sin sentido estratégico. Más prioritario que aumentar los […]
El aumento de la inversión pública en educación no se tradujo en mejores resultados. Esto denota enormes deficiencias en la planificación y la gestión de la educación. Mientras que un número creciente de familias opta por las escuelas privadas, en las escuelas públicas se siguen contratando docentes sin sentido estratégico. Más prioritario que aumentar los recursos es replantear las formas con las que se están administrando. Para ello es imprescindible establecer reglas que premien el compromiso de los docentes con la formación de los alumnos.
La Ley de Financiamiento Educativo, puesta en funcionamiento en el año 2006, estableció que el gasto público en educación debía pasar de 4,8% a 6% del Producto Bruto Interno (PBI) en el año 2010. La meta fue alcanzada, aunque se generan dudas porque el Ministerio de Educación discontinuó en el año 2012 la publicación de la serie de gasto público en educación y el Ministerio de Economía revisó la medición del PBI. Aun así, es innegable que la cantidad de recursos asignados a la educación pública ha aumentado.
De todas formas, las evaluaciones señalan que los alumnos aprenden menos. En la última evaluación PISA (referida al año 2012), el país se ubicó por debajo de Chile, Uruguay y Brasil en lengua y matemática, y a similar nivel que Colombia, cuando en el año 2000 la Argentina tenía el liderazgo en la región. En este sentido, es visible el contraste entre estos mediocres resultados y el aumento en la inversión pública en educación.
Recientemente el Ministerio de Educación, a través de su Anuario Estadístico, actualizó la información sobre matricula y cargos docentes en el nivel inicial, primario y secundario. Según esta fuente, entre los años 2006 y 2013, que son los que transcurren bajo la Ley de Financiamiento Educativo, se observa que:
Estos datos muestran dos fenómenos muy importantes. Por un lado, que sólo 1 de cada 4 nuevos alumnos en la educación básica optó por una escuela estatal. En sentido contrario, fue en las escuelas estatales donde se contrató la mayor cantidad de nuevos docentes. De esta forma, en las escuelas públicas se creó casi un nuevo cargo docente por cada nuevo alumno.
La Ley de Financiamiento Educativo derivó en un derroche donde el exceso de personal es sólo uno de muchos ejemplos. El problema es que se partió de un error de diagnóstico al considerar que el único problema en educación era la insuficiente inversión. Esto derivó en un aumento indiscriminado en el gasto público sin planificación ni replanteo de la gestión. Según los datos del propio Ministerio de Educación, en el año 2006 el sistema público contaba con 18 alumnos por cargo docente, llegando al año 2013 a 14 alumnos por cargo docente. Estas evidencias muestran que el principal problema en el año 2006 no era la falta de recursos sino la forma en que se administran.
La multiplicación de los cargos docentes junto a la emigración de las familias de las escuelas estatales alertan sobre el grave deterioro de la escuela pública. La mayor parte de los jefes de familia se formaron en escuelas estatales y sienten una alta estima y predilección por ellas. En este sentido, no es arriesgado afirmar que muchas de estas familias están enviando sus hijos a las escuelas privadas con nostalgia y resignación ante la degradación a la que han sido sometidas las escuelas estatales. El agravante es que el deterioro se da en un contexto en el que nunca se habían pagado tantos impuestos como ahora y, por lo tanto, es cuando más se legitima exigir al Estado servicios de calidad.
El problema de fondo es que los reclamos de los gremios docentes no dejan espacio para la consideración del derecho al aprendizaje de los alumnos. Prueba de ello es que en la agenda educativa no hay otro tema que no sea el aumento de los sueldos docentes. Mientras tanto prevalece la mediocridad y el ausentismo. Bajo estas reglas se castiga a los docentes que se comprometen con la instrucción. Para superar el fracaso hay que superar la tergiversación de objetivos poniendo el derecho de los alumnos a recibir una formación de excelencia por encima de las presiones corporativas. El punto clave es establecer reglas que premien el esfuerzo, las mejores prácticas y los buenos resultados, en lugar de seguir bregando por el aumento indiscriminado del gasto público en educación.
