Informe Nº: 52401/12/2013
El nuevo gabinete debuta impulsando otro aumento de impuestos. Aunque el argumento oficial es que se busca castigar consumos “suntuarios” que drenan divisas, en realidad es una continuidad del proceso que llevó la presión tributaria a niveles récords. Para reducir de manera genuina el déficit fiscal, la inflación y la fuga de divisas una estrategia […]
El nuevo gabinete debuta impulsando otro aumento de impuestos. Aunque el argumento oficial es que se busca castigar consumos “suntuarios” que drenan divisas, en realidad es una continuidad del proceso que llevó la presión tributaria a niveles récords. Para reducir de manera genuina el déficit fiscal, la inflación y la fuga de divisas una estrategia alternativa es comenzar a desmantelar el perverso mecanismo de subsidios económicos a empresas públicas y privadas. Esto, además, permitirá preservar muchos empleos de calidad.
El gobierno elevó un proyecto de ley, con pedido de tratamiento urgente, para subir los impuestos a las ventas de autos, motos, aviones y embarcaciones nacionales e importadas. La iniciativa, modificada en Diputados, establece que los autos y aviones cuyos precios se ubiquen entre $170 mil y $210 mil verán incrementado el impuesto interno que pagan actualmente de 10% a 30% de su valor y para los precios superiores a los $210 mil el impuesto se eleva a 50%. Para las embarcaciones de recreo los tramos de montos son entre $22 mil y $170 mil y para las motos entre $22 mil y $40 mil, respectivamente.
El argumento oficial es que el impuesto ayudará a paliar el drenaje de divisas al encarecer el consumo de productos cuyo acceso está restringido a la población de altos ingresos. Dentro de las debilidades de este planteo, una muy importante es que el impuesto no solo grava productos importados sino también la producción nacional.
La incidencia sobre la producción nacional del nuevo impuesto es muy amplia, ya que además de la industria afecta de manera indirecta a una gran cantidad de servicios. De todas formas, dimensionando sólo su impacto directo sobre la industria manufacturera, los datos oficiales del INDEC para el 1° semestre del 2013 señalan que:
· La industria nacional de vehículos automotores de la Argentina genera 32 mil puestos de trabajo directos con un salario promedio de $20 mil mensuales.
· La industria nacional de carrocerías y autopartes genera 46 mil puestos de trabajo adicionales con un salario promedio de $11 mil mensuales.
· La industria nacional de motos y embarcaciones de recreo, por su parte, crea 10 mil puestos de trabajo más con un salario promedio de $9 mil mensuales.
Estos datos muestran que los sectores industriales productores de los bienes que, en principio, serían alcanzados por el incremento del impuesto generan unos 88 mil puestos de trabajo de muy buena calidad. El salario promedio es de $14 mil mensuales, un 34% superior a la remuneración media de toda la economía formal. Si bien el impuestos afecta sólo a los autos, motos, barcos y aviones de mayor precio y la información oficial se refiere al total de la producción, como el proyecto de ley fijó valores nominales sin mecanismos de actualización por inflación en poco tiempo la mayor parte de los bienes producidos por estas industrias quedarán alcanzados, tal como sucede con el impuesto a las ganancias.
En el argumento oficial se justifica la aplicación de este impuesto porque se trata de bienes “suntuarios”. Ciertamente que, en general, es la población de alto nivel de ingreso la que accede a la compra de un automóvil, moto, avión o embarcación de recreo con estos precios. Pero más que representar una mayor progresividad en el sistema tributario, esta reforma constituye un nuevo eslabón en el intenso e indiscriminado aumento de impuestos que llevó a que en la última década, entre los años 2003 y 2013, la presión impositiva nacional y provincial pasará de 23,4% a 37,6% del PBI.
Para mitigar la pérdida de divisas del Banco Central hay que reducir la inflación y, para ello, hay que eliminar el déficit fiscal. Para lograrlo, no es necesario pensar en nuevos impuestos, aunque se justifiquen en que sólo impactan en la gente de altos ingresos, sino en dejar de subsidiar a la gente de altos ingresos con los subsidios económicos. A través de este mecanismo los segmentos sociales más favorecidos se apropian de recursos públicos asignados a mantener artificialmente bajas las tarifas de agua, electricidad, gas, transporte público y pasajes de Aerolíneas Argentinas. El Estado nacional este año va a erogar casi el 6% del PBI en subsidios económicos, porcentaje que supera el déficit fiscal –antes de transferencias de ANSES y el Banco Central– que este año superará el 4% del PBI.
Resulta socialmente muy regresivo seguir aumentando los impuestos mientras se mantiene activo el perverso mecanismo de usar fondos públicos para subsidiar empresas públicas y privadas proveedoras de servicios públicos. En este aspecto, los primeros pasos del nuevo gabinete sugieren que no habrá cambios de fondos sino “parches” difiriendo la resolución de los problemas estructurales para el próximo gobierno.