ANSES
Una de las decisiones más irresponsables tomadas desde el regreso de la democracia fue el otorgamiento de 3,5 millones de jubilaciones a personas que no acreditaban aportes sin ninguna evaluación socioeconómica. El desafío ahora es corregir las inequidades y la insostenibilidad provocada por esta decisión.
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En marzo se comienza a aplicar la nueva regla de movilidad previsional. Subsisten las polémicas debido a una incorrecta evaluación del funcionamiento de la antigua fórmula. La consecuencia más negativa es que se sigue demorando la reforma integral que le dé sustentabilidad al sistema de previsión social. (más…)
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Las jubilaciones están lejos de poder ser pagadas sólo con aportes salariales. Por eso, debido a los cambios en la asignación de impuestos destinados al financiamiento de ANSES es necesario modificar el índice de movilidad. Sigue pendiente el desafío más importante que es una reforma previsional integral que le devuelva sustentabilidad y equidad al sistema.
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La modificación de la regla de movilidad de los haberes previsionales es necesaria. Sin embargo, la situación del sistema previsional y sus perspectivas futuras demandan un replanteo más general y profundo. Seguir eludiendo una reforma previsional integral tiene asociado altos costos sociales y económicos cuyas magnitudes crecen de manera exponencial con el tiempo. (más…)
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Actualizar las jubilaciones perjudicadas por la insuficiente movilidad sufrida entre los años 2002 y el 2006 va en la dirección correcta. Subsana una injusticia y cancela un enorme pasivo que la administración anterior no registró. También es positivo crear una pensión no contributiva que reemplace a las arcaicas moratorias. El proyecto debería también contemplar el abordaje de las deudas que tiene la ANSES con las provincias y mecanismos para que la reforma previsional no se postergue.
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A través de un decreto de necesidad y urgencia el gobierno generalizó el fallo de la Corte suspendiendo la derivación del 15% de la masa coparticipable con destino a la ANSES. Haberse apropiado indebidamente de esos fondos durante una década y arrebatadamente suspender la derivación antes de dejar el poder es una conducta mendaz. De todas formas, dado que esos recursos no eran utilizados para pagar jubilaciones, el tardío fallo y el decreto pueden ser la oportunidad para dar más racionalidad, profesionalismo y ética al manejo del sistema previsional.
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La carencia de viviendas es un problema severo que perjudica la calidad de vida de muchos hogares. Esto explica las expectativas que genera el plan PROCREAR otorgando préstamos subsidiados con recursos previsionales a algunas familias elegidas por sorteo. Además de parcial e inequitativo, el plan acelera la aparición de una próxima crisis previsional como ya ocurrió con iniciativas similares en el pasado. Una solución genuina requiere eliminar la inflación para que se genere un mercado privado de créditos a largo plazo.
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Aunque se siguieron aumentando los impuestos, la recaudación apenas creció al ritmo de la inflación. Como el incremento de impuestos no alcanzó para financiar el aumento del gasto público, con decretos de necesidad y urgencia se apeló a los fondos de la ANSES y el Banco Central. Esto refleja un serio desequilibrio de las cuentas públicas, pero también un grave deterioro institucional ya que parte importante de estos recursos se dilapidan en clientelismo con planes sociales y empleo público, subsidios a empresas públicas y privadas, propaganda oficial y discrecionalidad en las transferencias para someter a gobernadores e intendentes.
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Algunas provincias están intensificando el reclamo para que se deje de derivar el 15% de la masa coparticipable a la ANSES. El fundamento del reclamo es que esa disposición dejó de tener sustento cuando se eliminó el régimen de capitalización. Sin embargo, la situación financiera de la ANSES es tan precaria que devolver esos recursos a las provincias le implicaría entrar nuevamente en déficit operativo. La solución no pasa por mantener la situación y seguir degradando el federalismo sino en replantear la política previsional y cumplir con el mandato constitucional de acordar una nueva ley de coparticipación federal.
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