Informe Nº: 06/10/2024
Para avanzar hacia una economía más competitiva y eficiente, sería más conveniente una estrategia tributaria que permita avanzar con la eliminación del déficit y también bajar impuestos.
Por Virginia Giordano, Jefa de investigaciones de IDESA
El presidente Javier Milei presentó el Presupuesto 2025 con un eje central en el déficit cero. En lugar de fijar el monto de dinero que el Estado proyecta gastar el año próximo, fija una regla que dice que el sector público tiene que generar el superávit suficiente como para pagar los intereses de la deuda.
Para un país normal, es una regla exagerada; para la Argentina, con el antecedente de más de medio siglo de déficits recurrentes, resulta pertinente.
Durante años, el déficit ha llevado al Gobierno a endeudarse o a emitir moneda, lo que ha intensificado la inflación y ha afectado el poder adquisitivo.
La apuesta del Presidente por un déficit cero no es solo una meta contable o fiscal, sino una estrategia para atacar de raíz uno de los problemas estructurales más profundos de Argentina: la inflación.
El Presupuesto 2025 no trae grandes cambios en la estructura del ajuste implementado en 2024, pero sí presenta matices importantes.
El equilibrio fiscal logrado fue fruto de un ajuste profundo, centrado principalmente en la reducción del gasto público, particularmente a través de la licuación de las jubilaciones.
Para 2025, la principal novedad es que el ajuste continúa del lado del gasto, pero sin profundizarse. La diferencia clave radica en la composición del ajuste: mientras en 2024 el esfuerzo se concentró en las jubilaciones, en 2025 el foco se traslada hacia la reducción de los subsidios energéticos.
Por el lado de los ingresos, no hay grandes novedades. El Gobierno nacional ha decidido mantener ciertos impuestos que, si bien son ampliamente criticados, parecen ser necesarios para sostener las cuentas públicas en el corto plazo.
Uno de los más controversiales es el de las retenciones a las exportaciones, que sigue generando tensión, especialmente en las provincias como Córdoba.
Los derechos de exportación representan un dilema estructural para Argentina. Por un lado, son una fuente importante de ingresos para el Estado. Pero, por otro, afectan la competitividad del sector agroexportador.
La combinación de un tipo de cambio que se aprecia y los bajos precios internacionales de los productos agrícolas agrava aún más el panorama para los productores, lo que plantea interrogantes sobre la viabilidad de mantener estas retenciones a largo plazo.
La falta de competitividad externa podría reducir las exportaciones, con un impacto negativo en la balanza comercial y la generación de divisas.
El Gobierno ha sido claro en su postura: la reducción de impuestos llegará cuando se logre el superávit fiscal. Esta lógica sigue un patrón conocido en la economía argentina, donde el déficit fiscal se ha considerado la fuente primaria de los problemas macroeconómicos, sobre todo de la inflación.
El razonamiento es que mientras el Estado mantenga un déficit se verá obligado a recurrir al “impuesto inflacionario”, que, si bien es un recurso de financiamiento rápido, perjudica de forma directa el poder adquisitivo de la población.
Esta posición, aunque correcta en parte, plantea una serie de desafíos prácticos. Si bien es cierto que alcanzar el superávit es clave para eliminar el “impuesto inflacionario”, vincular la reducción de impuestos exclusivamente a la eliminación del déficit fiscal puede ser una estrategia arriesgada.
El problema reside en que, en el corto plazo, los márgenes para eliminar impuestos distorsivos son muy limitados, lo que significa que ciertos tributos que afectan negativamente al sector productivo y a los consumidores seguirán vigentes por más tiempo, lo cual es problemático para una economía que necesita recuperar su dinamismo lo antes posible.
Para avanzar hacia una economía más competitiva y eficiente, sería más apropiado explorar una estrategia tributaria que permita avanzar en ambas metas de forma simultánea: la eliminación del déficit y la reducción de impuestos.
En lugar de esperar a que el superávit fiscal permita bajar los impuestos, el Gobierno podría reordenar el sistema tributario de manera que los tributos más eficientes reemplacen a aquellos que son más perjudiciales para la actividad económica.
Una alternativa concreta sería una reorganización profunda del sistema tributario argentino.
Esta reforma se basaría en reemplazar los impuestos más distorsivos, como los impuestos provinciales sobre las ventas (Ingresos Brutos) y las tasas municipales, por un sistema más simplificado y eficiente.
Un ejemplo de éxito reciente de este enfoque es el proceso que está transitando Brasil, donde se propuso que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) absorbiera impuestos sobre las ventas, mejorando la recaudación y reduciendo la carga administrativa tanto para el Estado como para las empresas.
En Argentina, un sistema similar podría implicar que el IVA absorba los principales impuestos distorsivos sobre las ventas, lo que no solo simplificaría el sistema tributario, sino que también reduciría la evasión fiscal y las distorsiones económicas que afectan a la producción y el comercio.
Además, la reducción de los derechos de exportación podría compensarse con un aumento en la recaudación del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, generando un equilibrio fiscal sin la necesidad de mantener tributos distorsivos.
Lo más relevante de este enfoque es que no sería necesario esperar a una disminución del gasto público para implementarlo. La reorganización tributaria podría comenzar de inmediato, ya que lo que se necesita es una dosis de audacia política y creatividad para romper con las lógicas tradicionales del ajuste fiscal.
El desafío más grande para el gobierno de Milei será equilibrar su promesa de déficit cero con la urgente necesidad de mejorar la estructura tributaria para no frenar el desarrollo económico. Y así evitar que las medidas de ajuste continúen afectando a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Fuente: La Voz
